Mediante una carta dirigida, puntualmente, al presidente Gustavo Petro y a la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, el Consejo Gremial Nacional (CGN), «en vocería de los 32 gremios más representativos de la economía colombiana«, realizó una serie de comentarios sobre el proyecto de decreto ‘Políticas y lineamientos para promover la eficiencia y la competitividad del servicio público domiciliario de energía eléctrica’.
Dicho documento fue publicado el pasado 25 de marzo de 2023 por el Ministerio de Minas y Energía.
El CGN aseguró que el sector productivo y empresarial del país apoya «permanente«
al Gobierno Nacional y que el trabajo conjunto que se realiza es para encontrar soluciones que ayuden a mitigar la inflación que afecta al país.
«Por esta razón, las empresas prestadoras del servicio de energía eléctrica se sumaron al Pacto por la Justicia Tarifaria, permitiendo una reducción en las tarifas entre los meses de septiembre y octubre de 2022, cambiando la tendencia de crecimiento que se venía presentando hasta el momento«, recordó.
Sobre el proyecto relacionado con promover la eficacia y competitividad del servicio público de energía, el gremio destacó que la iniciativa plantea «acelerar el desarrollo regulatorio de asuntos que deben ser abordados por el regulador» y que el impulso de esa actividad regulatoria, «sin desconocer los avances que ha tenido la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) en las mismas en los últimos años, va en el sentido correcto«.
Tarifas de energía.
No obstante, cree que los cambios de política pública y regulación que se realicen, en estas y otras materias, «se deben hacer en el marco de la institucionalidad, según las funciones de cada entidad y con estudios y análisis técnicos y económicos que aseguren la prestación de los servicios de energía y gas, sin poner en riesgo la confiabilidad del sistema o la sostenibilidad de los agentes«.
Así las cosas, aunque reconoce que el proyecto de decreto es válido en su búsqueda de reducir tarifas de energía para los usuarios finales, también considera que «la intervención excesiva del mercado (en aspectos relacionados con la formación de precios en los mercados y de contratos, la valoración de recursos y el mercado de garantías) terminará por lograr el efecto contrario, comprometiendo incluso la disponibilidad de los recursos energéticos requeridos para atender la creciente demanda de energía nacional«.
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