Tal y como ordena la legislación nacional, el Ministerio de Hacienda publicó este martes -31 de diciembre- el decreto de liquidación para el Presupuesto General de la Nación del 2025, en el que nuevamente se repitieron los errores del año pasado, puesto que no se dejaron discriminados los gastos de inversión para varios sectores.
En este documento, que complementa el primer decreto de Presupuesto que se expidió hace dos semanas tras la negativa del Congreso al proyecto que presentó el Gobierno, se mantienen las cuentas de ingresos por $511 billones y de gastos por $523 billones, a la espera de que se emita un nuevo decreto de recorte el próximo año.
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Con esto se mantiene la incertidumbre sobre si el PGN 2025 cumple o no con el principio de sostenibilidad, dado que por primera vez en la historia se quiere gastar más de lo que se tiene y ahora la Corte Constitucional deberá dirimir si eso se puede hacer o no o si por el contrario, el documento emitido es inconstitucional, ya que va en contra del Estatuto Orgánico del Presupuesto.
No obstante, para expertos en temas presupuestales como el profesor Henry Amorocho, de la Universidad del Rosario, hay que tener presente que este año quedará una gran cantidad de recursos sin ejecutar, que servirían de colchón para tapar el hueco fiscal del Presupuesto 2025, aunque acotó que es necesario esperar a que acabe el año y se defina cómo quedan las vigencias en curso.
Pesos colombianos
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“Esa es una determinación que lo deja en $511 billones en disponibilidades, pero no en apropiaciones y me imagino que querrán cubrirlo después con un presupuesto adicional. Sin embargo, lo que se corre es el riesgo del estudio en la Corte Constitucional”, explicó.
Se repiten los líos
Al hacer una primera revisión del decreto oficial emitido por el Ministerio de Hacienda, Portafolio pudo constatar que se repiten los mismos errores que tuvieron en jaque al Presupuesto en 2024, puesto que se volvieron a dejar partidas globales en varios sectores, dejando en el aire los dineros de inversión de proyectos de infraestructura y educación.
Por ejemplo, para el caso de la Agencia Nacional de Infraestructura se destinaron $7,2 billones para inversión, de los cuales $6,4 billones son para la red vial primaria, $3.278 millones para transporte aéreo, $6.568 millones para transporte férreo, $3.143 millones para transporte marítimo y $711.897 millones para transporte fluvial.
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Dicho esto, el documento no especifica cómo se distribuirán los $6,4 billones para atender la red vial primaria de manera específica por proyectos y obras, tal y como establece el principio de planeación que rige estas cuentas. El año pasado, en los errores del 2024, se dejaron por fuera obras importantes como el metro de Bogotá o varias carreteras de cuarta generación, poniendo en riesgo las vigencias futuras.
Para el caso del Instituto Nacional de Vías, los montos de inversión ascienden a $2,2 billones, que mayoritariamente irán a la atención de la red vial primaria, con $1,6 billones que no quedaron discriminados en el documento, por lo que podrían ser asignados en las regiones a potestad del Gobierno Nacional.
Diego Guevara, nuevo ministro de Hacienda
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De igual forma sucede con la educación, sector al que se destinarán $5,7 billones para invertir, de los cuales $4,6 billones dicen que van para la “calidad y fomento de la educación superior”, mientras que $35.515 millones se destinaron al “fortalecimiento y apoyo a la gestión institucional del sector educación”; sin que se especifique a qué proyectos u obras irán particularmente los recursos.
Al contrastar esta normativa para 2025 con sus similares de años anteriores, se aprecia que no existe una desagregación puntual de los centros de educación superior públicos que recibirán estos dineros del Estado, sino que todos los recursos se dejaron en una bolsa común, que analistas advierten que podría ser repartida a criterio del Gobierno.
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Sólo para poner un ejemplo, al revisar los decretos de liquidación de 2020, 2021 y 2022; se aprecian conceptos como “Aportes para la Financiación de la Universidad Pedagógica Nacional” o “Aportes para la Financiación de la Universidad del Cauca-Nacional”; para los que se solían especificar partidas entre $2.500 y $3.700 millones; las cuales quedaban aseguradas por ley.
Decreto de yerros
Con estos líos nuevamente sobre la mesa, el Ministerio de Hacienda se expone nuevamente a que tenga que emitir un decreto de yerros para desagregar las partidas globales, tal y como obliga la ley, o de lo contrario sería un nuevo frente por el que la Corte Constitucional podría declarar inconstitucional este documento.
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
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Frente al dinero que le hace falta en el Presupuesto, recientemente se dijo desde el Departamento Nacional de Planeación que acudirán a una reforma tributaria, que será presentada el próximo año al Congreso, para buscar los $12 billones que le hacen falta. Sin embargo, no explicaron cómo lograrán que esos cambios tributarios tengan efecto el próximo año, si sus efectos fiscales sólo se percibirían hasta el 2023.
En el 2024, los líos del presupuesto dejaron en el aire más de $13 billones de pesos que no quedaron correctamente discriminados. Para la vigencia que está a punto de comenzar, la revisión realizada por Portafolio da cuenta de cerca de $15 billones que se verían comprometidos de la misma forma y que requieren una revisión urgente del Gobierno.
Al ser consultado sobre las razones por las que el decreto de liquidación del Presupuesto quedó de nuevo con esta inconsistencia, el ministro de Hacienda, Diego Guevara, explicó que ello obedece a que saldrá un decreto específico aplazando partidas por $12 billones producto de no tener aval del Congreso para la reforma tributaria, en el que estas asignaciones específicas deben quedar consignadas.
