Las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes le dieron luz verde en segundo debate al proyecto del Presupuesto del Sistema General de Regalías (SGR). La iniciativa, contemplada para el bienio 2025-2026, establece un monto de $30,9 billones.
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En ese sentido, de la cifra propuesta, el 82,5% de los ingresos corresponde a ingresos corrientes. Es decir, al equivalente de $25,5 billones.
El proyecto de ley tiene como foco aumentar el gasto social en las regiones a través del fortalecimiento de la descentralización, el impulso de la reactivación económica y el apoyo a la transformación de la economía en el marco de la transición energética. De la misma manera, apunta a contribuir al cierre de brechas regionales y promover el uso eficiente de los recursos.
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Congreso de la República.
EL TIEMPO
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Cómo se distribuirán los recursos
El presupuesto contempla la asignación de $29 billones para la inversión de los territorios. De esa cantidad, $8,8 billones se destinarán a los departamentos y regiones; $6,5 billones a las entidades territoriales productoras y puertos; $5,4 billones a la financiación de proyectos en territorios afectados por la violencia, y $2,8 billones a los municipios más vulnerables.
Como parte de esos recursos, también se dirigirán $2,6 billones a la financiación de proyectos en ciencia, tecnología e innovación; $513.000 millones para los grupos étnicos del país; $255.000 millones a la protección y conservación de áreas ambientales estratégicas, y $128.000 millones a Cormagdalena para inversión en las entidades territoriales ribereñas del Río Grande de la Magdalena.
Dinero colombiano
Fuente: IStock
El Ministerio de Hacienda informó que, además, $1,1 billones se destinarán al ahorro a través de los Fondos para la Estabilización (Fae) y para el ahorro pensional territorial (Fonpet). Así mismo, $264.000 millones serán asignados al control y vigilancia de la ejecución de los recursos del SGR.
Finalmente, $518.000 millones serán destinados para el funcionamiento, operatividad y administración del SGR; para la fiscalización de la exploración y explotación de los yacimientos; el conocimiento y cartografía geológica del subsuelo; la evaluación y el monitoreo del licenciamiento ambiental a los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables, y para el incentivo a la exploración y a la producción.
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