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La Fiscalía General de la Nación logró que los jueces encargados del seguimiento de garantías privaran de su libertad en prisión a dos hombres que habían abusado sexualmente de menores de edad, durante distintos hechos ocurridos en el Huila.
Uno de los casos ocurrió en el barrio Los Pinos de Neiva, donde un militar profesional de 31 años presuntamente sometió a sus hijos de 7 y 5 años a todo tipo de abusos sexuales. Se presume que cuando el hombre se ausentaba del trabajo aprovechaba esos momentos para abusar de menores. Los ataques tuvieron lugar entre enero y marzo de este año.
El imputado fue capturado el 14 de marzo, en un batallón en Florencia (Caquetá), por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI). Durante audiencias concentradas, la Fiscalía le imputó los delitos de relaciones sexuales con menor de 14 años en el marco de competencia agravada homogénea y sucesiva, en competencia heterogénea de actos sexuales abusivos con menor de 14 años, agravarse en una competición homogénea y sucesiva.
Por su parte, un fiscal encargado de la niñez y adolescencia procesó a Humberto Ariza Ordoñez, de 35 años, por su presunta responsabilidad en el delito de acto sexual violento.
Según la investigación realizada, el hombre, docente de un colegio ubicado en el municipio de Acevedo, en esta ciudad, presuntamente agredió sexualmente a una menor de 6 años en los baños de las instalaciones del establecimiento educativo. Los hechos se registraron en julio de 2023.
La docente fue capturada el 20 de marzo por orden judicial por parte de personal de la Sijín y del CTI.
La fiscalía habla con resultados.
AMGS/MG/HS/SC/DFHI/DSH
La información contenida en este comunicado de prensa corresponde a la narración de hechos objetivos de actualidad, proporcionada por los funcionarios encargados de realizar las investigaciones penales dentro de la Fiscalía General. Al momento de la difusión de la presente comunicación, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolución por parte de la autoridad judicial competente, siempre conforme a los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución. 7 de la Ley 906 de 2004.
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