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Una fiscal seccional de la Unidad de Vida de Ibagué (Tolima) logró que fuera privado de la libertad Kristian Jesús Mejía Mejía, por su presunta responsabilidad en la muerte de Luciano Alvino Ortiz Pineda, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Edén, del corregimiento de Bilbao en el municipio tolimense de Planadas. Su fallecimiento se habría dado en medio de un hurto.
La Fiscalía lo imputó por los delitos de homicidio agravado, fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego, hurto calificado y agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios.
Su cuerpo fue hallado en zona rural de la vereda el pasado 6 de marzo. Según información recolectada por las autoridades, la víctima y su esposa se encontraban en Planadas, pero él se devolvió solo para su casa en su motocicleta. Ella tomó un willys para transportar varios elementos.
Al llegar a la vivienda la mujer se encontró a los asaltantes, quie serían trabajadores de la finca y quienes la amordazaron y encerraron en un cuarto.
Se presume que antes que ella llegara, Ortiz Pineda fue ultimado con un revólver y luego lo llevaron a un paraje solitario donde enterraron su cadáver.
Los sospechosos fueron identificados gracias a la descripción que de ellos dio la esposa de la víctima a y la rápida reacción de las autoridades.
Fue así como se logró la captura de Mejía Mejía de nacionalidad venezolana, quien en audiencias preliminares no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía.
Al indiciado se le encontró en su poder la moto de la víctima, tres celulares y dinero en efectivo producto de la venta de café que había negociado el día anterior en Planadas.
La Fiscalía habla con resultados.
PAAM/ CFG/MCA
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
