Un hombre señalado de varios hurtos violentos en diferentes sucursales de un supermercado de cadena y en una estación de servicios, fue judicializado por la Fiscalía General de la Nación ante un juez de control de garantías que lo privó de la libertad, en Cali (Valle del Cauca).
Se trata de Juan José Fernández Idrobo quien fue capturado con orden judicial, luego de que un fiscal de la Seccional Cali pudiera establecer su presunta responsabilidad en la comisión de al menos cinco casos de hurto a diferentes sedes de un reconocido supermercado de esta ciudad y otro en una estación de servicios.
Las labores de policía judicial, realizadas por personal de la Policía Nacional, permitieron determinar que el hoy imputado, al parecer, ingresaba a dichas sucursales, intimidaba a los empleados y exigía la entrega del producido de las cajas y en algunas ocasiones él mismo arrancaba las cajas donde se encontraba el dinero.
Según la Fiscalía, dichos ilícitos se habrían cometido los pasados 4, 12 y 15 de enero, en los sectores de la Avenida de Las Américas, San Bosco, Olímpico y Guayaquil. En dichos ilícitos el monto de lo hurtado supera los ocho millones y medio de pesos, aproximadamente.
Personal de la Sijin de la Policía Nacional materializó la orden de captura solicitada por la Fiscalía, el pasado 23 de enero, en una vía pública del barrio San Pascual, centro de la ciudad.
La Fiscalía le imputó al capturado el delito de hurto calificado y agravado y el juez decidió que el presunto implicado debe cumplir la medida de aseguramiento en centro carcelario. No aceptó los cargos.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004
