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También están procesados un exalcalde de este mismo municipio, dos servidores públicos, un interventor y un supervisor. La fiscalía tiene constancia de que se abandona la obra del contrato.
El material de prueba presentado por un fiscal adscrito a la sección Guajira permitió procesar a seis personas, presuntamente involucradas en actos de corrupción que comprometerían el patrimonio del municipio de Maicao.
Ellos son Mohamad Jaafar Dasuki Hajj, actual alcalde de Maicao; del exalcalde de este mismo municipio José Carlos Molina Becerra (2016 – 2019). También están imputados Yeina Paola Pedroza Padilla, directora de Planificación; Jazmín Rivero Tatis, tesorera municipal; Johanner Alexander Manjarrez Bonilla, supervisor de obra y Jacobo Nariño Aragón Amaya, supervisor.
Los hechos investigados están relacionados con la ejecución de un contrato por 2.947 millones de pesos suscrito en abril de 2018, y cuyo objeto era la recuperación y reposición de pavimentos rígidos en un sector urbano del citado municipio.
El trabajo de la policía judicial demostró que durante el plazo fijado para la ejecución de la obra se firmaron actas parciales con información falsa para demostrar avances que no se habían realizado. En ese sentido, se constató que con recursos municipales se pagaron 772.094 millones de pesos por obras que nunca se realizaron.
Cabe señalar que en el caso del actual alcalde Dasuki Hajj y la ex alcaldesa Molina Becerra, sus nombres aparecen en las fechas de pago de los expedientes parciales objeto de la investigación.
La inspección in situ verificó que las obras contratadas han sido abandonadas.
La fiscalía imputó a los procesados los delitos de peculado por apropiación indebida ideológica y mentira en documento público, cargos que no fueron aceptados.
Un juez con funciones de control de salvaguardias les impuso una medida no privativa de libertad.
La fiscalía habla con resultados.
EDH/FAGH/DMNF/DSG.
La información contenida en este comunicado de prensa corresponde a la narración de hechos objetivos de actualidad e investigaciones criminales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Al momento de la publicación de la presente comunicación, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolución por parte de la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7 de la Ley 906 de 2004.
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