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Ante la contundencia de la prueba aportada por un fiscal de la Estructura de Apoyo Seccional (EDA) del Quindío, un juez de garantías impuso medida de aseguramiento en un centro penitenciario contra siete integrantes de la organización ilegal Los Triana, presuntamente involucrados en la extorsión de trabajadores informales en la capital del país. Quindío.
Al parecer, desde 2019, los investigados venían ejerciendo presiones económicas ilegales sobre personas que realizaban su trabajo en la vía pública del centro de Armenia, como el mantenimiento de vehículos.
Se instruiría a los imputados a exigir a estas personas pagos de 10.000 pesos diarios para que puedan continuar con su trabajo. En caso de incumplimiento del pago de la extorsión; las víctimas fueron obligadas a abandonar dicho local, so pena de ser agredidas.
También se pudo establecer que la red criminal sería la responsable de la venta al por menor de estupefacientes en las colonias Tigreros y Mercedes en Armenia.
Los imputados fueron capturados por la policía nacional durante allanamientos y allanamientos en Armenia.
La fiscalía imputó a los imputados los delitos de concierto para delinquir agravado, extorsión agravada; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y destino ilícito de muebles o inmuebles, cargos que no fueron aceptados.
En los allanamientos y allanamientos se incautó un arma, estupefacientes y sobres dosificadores, entre otros. Asimismo, se solicitó la suspensión de la facultad de disponer de un inmueble, aparentemente utilizado para el delito.
Esta información se publica por razones de interés general.
La fiscalía habla con resultados.
CLCG/MAGA/LBV/DSQ
La información contenida en este comunicado de prensa corresponde a la narración de hechos objetivos de actualidad, proporcionados por los funcionarios encargados de realizar las investigaciones penales dentro de la Fiscalía General de la Nación. Al momento de la publicación de la presente comunicación, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolución por parte de la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7 de la Ley 906 de 2004.
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