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En otro incidente, ocurrido en Bogotá, un hombre habría atacado a un perro con una pistola.
La contundencia de las pruebas presentadas por los fiscales del Grupo Especial de Lucha contra el Maltrato Animal (GELMA) permitió procesar a tres personas como presuntos responsables de ataques a perros en Tolima y Cundinamarca.
Irregularidades en el Centro de Protección Animal
El director de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria de Cajamarca (Tolima) -UMATA- ha sido imputado por el delito de maltrato animal agravado. El Ministerio Público ha establecido que presuntamente incumplió con su deber de cuidar y brindar cuidados a varios caninos rescatados, los cuales se encontraban bajo su custodia en el Centro de Protección Animal.
Las denuncias de los ciudadanos y las inspecciones de la Personería de Cajamarca arrojaron que se creía que los perros se encontraban en precarias condiciones.
El 29 de marzo de 2021, debido al severo hacinamiento en el que se encontrarían los animales, un canino de nombre ‘Legolas’ fue atacado por otro perro y al parecer no recibió atención médica a tiempo ya que no había veterinario disponible con el pretexto de que era Semana Santa.
Siete días después, “Legolas” fue llevado a un veterinario privado; sin embargo, murió. Por este hecho también fue imputada la veterinaria local, Leidy Samalia López Castro.
Atentado contra ‘Ruffo’
El 17 de abril de 2017, Manuel Santos González presuntamente provocó la muerte de un perro llamado ‘Ruffo’. El caso tuvo lugar en un local comercial de la comuna de Olaya, al sur de Bogotá. Según se informó, el hombre llegó al establecimiento y llamó al dueño, pero el animal salió ladrando y le disparó tres veces con un arma con silenciador.
Debido a la gravedad de las lesiones provocadas, ‘Ruffo’ se sometió a la eutanasia animal. Santos González ha sido imputado por el delito de maltrato animal.
La fiscalía habla con resultados
AMCJ/JARG/MCRC/AG/GELMA/
La información contenida en este comunicado de prensa corresponde a la narración de una noticia objetiva, proporcionada por los funcionarios encargados de realizar las investigaciones penales dentro de la Fiscalía General de la Nación. Al momento de la divulgación de la presente comunicación, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolución por parte de la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7 de la Ley 906 de 2004.
