La Procuraduría General de la Nación informó este miércoles -18 de diciembre- que abrió una investigación formal contra funcionarios y exfuncionarios del Fondo Programas para la Paz, que hace parte de la Presidencia de la República, tras encontrar presuntas irregularidades en el manejo de los recursos públicos.
Concretamente este proceso va en contra de Pablo Francisco Pardo Velasco, quien deberá rendir cuentas sobre algunas anomalías en un contrato con la firma ‘Pública’, para la realización de eventos, por $10.000 millones, y que habría sido adicionado en más del 50%, sin el cumplimiento de los requisitos.
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Todo esto se origina en denuncias hechas por los medios de comunicación, sobre hechos relacionados con el negocio jurídico suscrito para “la prestación de servicios operacionales y de funcionamiento que garanticen la organización, administración y realización de eventos y/o actividades que garanticen la ejecución de los requerimientos encaminados al logro y mantenimiento de la paz en las regiones”.
“El contrato, celebrado el 8 de noviembre de 2023, tenía como plazo de ejecución el 31 de diciembre de 2023 o hasta el agotamiento de los recursos. Es decir que, según el denunciante, ‘el Fondo de Programas Especiales para la Paz de la Presidencia de la República gastara $10.000 millones en eventos en tan solo 53 días’, explicó la entidad.
Procuraduría General de la Nación
En este sentido, el Ministerio Público busca establecer si se presentaron deficiencias en la planeación y la suscripción de este acuerdo y en su adición, dado que esta habría superado el 50% de su valor inicial.
“La Segunda Delegada para la Contratación Estatal requirió información sobre el estado actual del bilateral, el porcentaje de cumplimiento físico y la justificación técnica, jurídica y financiera que habría llevado a la cuestionada adición”, explicaron.
El organismo de control cerró diciendo que esperan que desde el Gobierno Nacional se entregue la información con celeridad, dado que se debe esclarecer cuanto antes lo sucedido y llegar a quienes hayan cometido algún delito, si es necesario.
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Alerta por compra de tierras
La Procuraduría también puso su atención en lo que han calificado como una deficiente gestión presupuestal en los procesos de compra de predios por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y señaló que es necesario prestar más atención a este asunto.
Según la procuradora general, Margarita Cabello Blanco, de los recursos disponibles, que ascienden a $1,2 billones, solo se ha ejecutado el 33%, lo que generó que el porcentaje restante, equivalente a $645.000 millones, fuera trasladado al Fondo Colombia en Paz sin ser ejecutado.
Así lo sostuvo la jefe del órgano de control durante la sesión técnica de evaluación al cumplimiento de las órdenes dadas por la Corte Constitucional en la sentencia sobre ejecución de la política de tierras (SU – 288 de 2022), realizada este lunes ante los magistrados de ese alto tribunal.
Compra de tierras
En su intervención, la jefe del órgano de control resaltó la entrada en funcionamiento de la jurisdicción agraria porque es un avance en el desarrollo de la reforma rural integral, aunque señaló que se requiere asignar a los jueces agrarios competencias claras y específicas que justifiquen la existencia de reglas y principios diferenciales propios de una jurisdicción.
Con relación a la implementación del catastro multipropósito, indicó que solo se ha actualizado el 12,4% del área priorizada en el Plan Nacional de Desarrollo, lo que muestra que se está muy lejos de la meta del 70% de todo el territorio nacional, pues de 598 municipios proyectados, solo 141 cuentan con catastro, lo que para ellos es insuficiente.
