La Procuraduría alertó al Gobierno Nacional para que coordine acciones concretas para combatir el reclutamiento forzado en niños, niñas y adolescentes, el cual, según cifras entregadas por la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, ya alcanza un total de 8.246 menores víctimas de este flagelo.
Esta vulnerabilidad en los menores reclutados de toda Colombia se ve en aumento cuando se trata de comunidades étnicas, pues el 9,2 % pertenecen a grupos indígenas y el 6,6 % hacen parte de comunidades negras, afros, raizales y palenqueros -NARP-.
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Los departamentos más afectados por el reclutamiento son Antioquia (1.428), Cauca (604), Meta (541), Caquetá (533), Nariño (486) y Chocó (429), mientras que los municipios que reportan más denuncias son Medellín (187), Tumaco (156), San Vicente del Caguán (149) y Necoclí (104).
El Ministerio Público exhortó de carácter prioritario a la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, así como al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y a las gobernaciones de Chocó y Valle del Cauca para adoptar medidas para proteger a los menores.
“Seis años después de la firma del Acuerdo de Paz, los niños, niñas y adolescentes en Colombia, siguen siendo víctimas del reclutamiento forzado por cuenta de las acciones de los grupos armados ilegales que se disputan el control territorial en las regiones más afectadas por el conflicto que aún persiste, por lo que atender esta situación es prioritario dentro del contexto de construcción de paz”, precisó la Procuradora Delegada para el Seguimiento al Acuerdo de Paz, Ceneida de Jesús López Cuadrado.
Redacción Colprensa
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