Por: Edwin Suárez Foto portada: Tradicional 'Cerro de la bandera' de Puerto Carreño, de cara al Orinoco.
Una cruda realidad, marcada por la presencia de grupos armados ilegales, homicidios, microtráfico y extorsión en Puerto Carreño (Vichada), fue expuesta a través de una alerta temprana emitida a inicios de este mes de marzo por la Defensoría del Pueblo. Es un panorama desalentador.
Según el organismo defensor de derechos humanos, durante los años 2019 y 2020, en el municipio capital se incrementó la presencia y accionar de grupos como el ELN, a través del frente José Daniel Pérez Carrero, las disidencias de las FARC, por medio del Frente Décimo, y grupos sucesores del paramilitarismo como Los Puntilleros Libertadores del Vichada y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.
“Todos estos grupos armados se desplazan a lo largo del departamento del Vichada, convergiendo en la jurisdicción de Puerto Carreño de manera fluctuante”, indica el informe de esa entidad.
Según la Defensoría, en la franja fronteriza entre el municipio de Puerto Carreño y Venezuela se evidencian conductas violentas como homicidios, amenazas, torturas y secuestros, presuntamente cometidos por estos grupos irregulares. “Fuentes allegadas a la Defensoría han señalado que estos grupos armados utilizan a Puerto Páez y Puerto Ayacucho (Venezuela) y los alrededores del río Meta para delinquir, extorsionar y perpetrar homicidios”, precisa la Alerta Temprana.
El informe detalla que la región fronteriza binacional resulta geográficamente estratégica para el contrabando, tráfico de armas y de personas, para la instalación de pistas clandestinas al servicio del narcotráfico en el Estado Apure (Venezuela), la minería ilegal, la extorsión, el secuestro, desapariciones forzadas y como zona de ocultamiento y aprovisionamiento de las estructuras y cabecillas de los grupos al margen de la ley.
Además, el territorio venezolano resulta tan indispensable para los grupos delincuenciales que, desde allí controlan el sector urbano de Puerto Carreño y los puntos de acceso en las inspecciones de La Venturosa, Puerto Murillo, Aceitico y Nueva Antioquia. Es decir, desde el vecino país “se consolidan como puntas de lanza para intervenir en el departamento del Vichada”.
Según la Alerta de la Defensoría, una de las zonas más utilizadas por estos grupos en Puerto Carreño para el despliegue de sus acciones de sometimiento social y control territorial son las llamadas ‘ramplas’, “donde realizan varias actividades delictivas que van desde homicidios hasta el ingreso de mercancía, personas, armas, entre otras cosas”.
Para la Defensoría del Pueblo este panorama genera una alta vulnerabilidad para la población civil colombiana y venezolana, autoridades territoriales, funcionarios y contratistas del Parque El Tuparro, empresarios y turistas.
Hechos preocupantes
En el documento de 53 páginas que componen la Alerta Temprana de la Defensoría del Pueblo, a la cual tuvo acceso EL MORICHAL, se presentan varios casos concretos que dan cuenta del peligroso accionar de estos grupos irregulares.
Durante el 2020, según el organismo defensor de los derechos humanos, en la inspección de Puerto Murillo el ELN amenazaba a los pescadores del río Meta. “Esto ha conllevado que algunos pescadores piensen en desplazarse y abandonar su trabajo”. Mientras tanto, “la inspectora de Aceitico ha denunciado que fue amenazada por el ELN, teniendo que salir del lugar con su familia por temor a perder su vida”, detalla el documento.
La Defensoría del Pueblo también conoció el caso de un indígena que intentó regresar a su comunidad luego de años de ser amenazado y desplazado debido a que fue informado del interés del ELN para reclutar a sus hijos. “A su llegada a la comunidad Guabimal en el Resguardo Guazapana, miembros armados de este grupo fueron a la comunidad, solicitando al indígena que se comunicara con ellos; para dichos fines, dispusieron de un número telefónico de Venezuela. Ante los hechos ocurridos, el indígena abandonó con su familia nuevamente la comunidad y se desplazó hacia Puerto Carreño”.
Los homicidios presuntamente a manos de estos grupos también evidencian el difícil panorama para la población carreñense. Según la Alerta Temprana, muchas de los asesinatos de jóvenes ocurridos en los últimos tiempos estarían asociados al consumo de sustancias psicoactivas y al control territorial. “Muchos (jóvenes) adquieren las dosis a crédito, y luego son presionados para que paguen… este último parece ser el caso de los 2 jóvenes, que fueron asesinados el 27 de octubre de 2020… de acuerdo con la información reportada por la comunidad, las muertes estarían relacionadas con disputas del narcomenudeo en el área urbana”.
A este caso de doble homicidio, se han sumado otros hechos que, según testimonios de los pobladores a la Defensoría, se encuentran asociados a la existencia de una lista de posibles objetivos. “Algunas fuentes señalan que la lista se realiza por la disputa del narcomenudeo en el área urbana y constituye la estrategia de las facciones disidentes de las antiguas FARC-EP para eliminar a los distribuidores y colaboradores de grupos paramilitares”.
En abril de 2020 fueron encontrados los cuerpos sin vida de dos hombres con un letrero que contenía el mensaje: “por traidores y sapos”, firmado por las disidencias de las FARC. Estas personas presuntamente tenían relación con el contrabando y microtráfico en Puerto Carreño y en Venezuela, explica la Defensoría.
Según la Fiscalía, durante 2018 se registraron 23 homicidios en la capital de Vichada; en 2019, 21 casos; y en 2020 el registro fue de 13 asesinatos. Además, la mayoría de muertes violentas durante el último año se han cometido en sectores como ‘La Rampa’ y ‘Las Vegas’, zonas ribereñas en la frontera con Venezuela, lo que explica por qué muchos de los homicidios han tenido la particularidad de que las personas son llevadas antes hacia el vecino país, torturados y retornados a territorio colombiano para ser asesinados o viceversa.
La desaparición forzada también ha estado a la orden del día, según la Alerta de la Defensoría. Durante 2018 y 2019 se presentaron seis casos por año, mientras que en 2020 se reportaron dos. “Sin embargo, se tiene conocimiento que se generaron otros hechos de secuestro en varias zonas del municipio de Puerto Carreño”, detalla el documento.
Otro dolor de cabeza para los carreñenses, según la Defensoría, son las amenazas. “En el año 2020 se presentaron llamadas y visitas intimidantes a sitios comerciales y residenciales que fueron atribuidas a las facciones disidentes de las antiguas FARC-EP, los Puntilleros Libertadores del Vichada, el ELN y bandas delincuenciales. Según fuentes de la Fiscalía, en el año 2018 se realizaron 59 amenazas, 38 en el año 2019 y hasta abril de 2020, se registraban 36 casos”.
Sin embargo, el documento de la Alerta Temprana explica que la población de Puerto Carreño ha manifestado que uno de los motivos por los cuales no realiza declaraciones o denuncias, se debe al temor de que sus casos no sean debidamente investigados o que su nivel de riesgo aumente.
“En repetidas ocasiones la comunidad en general ha manifestado a la Defensoría del Pueblo que, al momento de realizar una denuncia ante las instituciones concernidas sobre algún grupo armado no estatal, a sus viviendas comienzan a llegar personas extrañas con mensajes intimidadores y amenazantes… al momento de denunciar actividades ilícitas de los grupos armados no estatales, el denunciante recibe amenazas directas en su lugar de residencia. Expresan que llegan personas en motos de alto cilindraje, hacen la amenaza directa y mencionan que la intimidación se genera por la denuncia”, indica la Defensoría.
La respuesta de las autoridades
Como respuesta a la Alerta Temprana, el pasado 12 de marzo se realizó en Puerto Carreño una jornada de trabajo que contó con la presencia del viceministro del Interior, Juan Pablo Díaz, el defensor delegado para los Derechos Humanos y Sistemas de Alertas, Ricardo Arias, que terminó siendo una especie de redición de cuentas exprés por parte de las autoridades administrativas, militares y policía del municipio y el departamento.
La gran conclusión del encuentro queda resumida en que los entes públicos y las fuerzas militares y de policía se encuentran aunando esfuerzos para mitigar esta alerta temprana. Pero recalcaron al Gobierno Nacional que para lograr acciones contundentes hacen faltan recursos económicos.
Por su parte, el viceministro Díaz, como representante del gobierno del presidente Iván Duque, comprometió a combatir “estos bandidos con determinación y convicción”.
