“El primer deber del gobierno es la seguridad pública”.
Por Alvaro Morales de León.
Después de tantos anuncios de la Policía, que solo alza la voz para hablar de las altas cifras de la inseguridad en Cartagena pero que ninguna de sus estrategias le funciona o le da resultado para combatirla, es necesario recordar que desde 2019 a mayo de 2023, la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes en la ciudad no ha dejado de crecer.
En el 2022 le correspondió a Cartagena la deshonrosa posición 47 en el ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo, así lo publicó el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de México.
Estas cifras que responden a 403 homicidios, o lo que es lo mismo, a 31.29 homicidios por cada 100 mil ciudadanos; son cifras que igualmente avalan estudiosos de la criminalidad de esta ciudad corroborándolas con registros de Medicina Legal que, en este mismo año, 2022, dan cuenta de la ocurrencia en Cartagena de 612 muertes violentas, 32 por ciento más alta que las 462 que se dieron en el 2021.
En este mismo 2022, en Cartagena, del total de homicidios, el 60% fueron por muertes violentas; y dentro de estas muertes violentas, según información dada por la Policía Nacional, en el 2022 hubo 341 crímenes por sicariato, pudiéndose decir, en la práctica, que ocurrió un sicariato por día, sicariatos ocurridos principalmente por los enfrentamientos entre grupos criminales por el dominio del microtráfico y por ajuste de cuentas.
Las cifras son tan preocupantes que informaciones de la Policía Nacional dan cuenta que durante los primeros tres meses de este 2023 fueron 87 los homicidios ocurridos, manteniéndose en crecimiento este guarismo que al compararlo con el de otras ciudades como Bogotá, Medellín y Barranquilla se puede concluir que Cartagena lo supera ampliamente.
Un alto porcentaje de la ciudadanía cartagenera siente, percibe y padece la situación de inseguridad, siendo los atracos callejeros, las pandillas, el fleteo, el gaminismo y la drogadicción los factores que más la hace sentir.
La situación se ha agravado, ya que ahora, agentes de la Policía Nacional de esta ciudad han pasado de protectores de la ciudadanía a ser otros actores más de la inseguridad ciudadana y del delito, recordemos a Daniela Echeverry Gómez, la patrullera de la Policía Nacional en Cartagena condenada al ser hallada responsable del delito de inducción a la prostitución a menores de edad y trata de personas.
Recientemente en Playa Blanca, Isla de Barú, en medio de un procedimiento judicial de rutina un agente de Policía desenfundando su arma de dotación disparó al abdomen de un joven bogotano, administrador de un hotel en esa zona, por el supuesto de haberle detectado porciones de marihuana en sus bolsillos.
Últimamente hemos conocido informaciones de agentes de la Policía Nacional involucrados en asesinatos ocurrido en ciudades como Bucaramanga, Barranquilla y Bogotá; ¿y que tal los asesinatos que trató de encubrir el Coronel de la Policía, Benjamín Núñez, el asesino de los jóvenes en Chochó, Sucre y por los cuales fue a condenado a 29 años de prisión?
Indudablemente, la inseguridad, que se manifiesta a través de la violencia, del sicariato, los homicidios, el fleteo y los robos callejeros tiene causas multidimensionales como el narcotráfico, la desigualdad social, la pobreza y la falta de oportunidades, en especial para los jóvenes.
Finalmente, en un modelo de responsabilidad por la seguridad de una ciudad, como Cartagena, por ejemplo, compartida entre el Gobierno Nacional, la Policía Nacional y la Alcaldía de Cartagena, finalmente nadie responde; es un modelo parecido al nombramiento de comisiones, las cuales terminan fracasando porque ninguno de sus miembros asume responsabilidad por el encargo hecho, optando finalmente por cargarle el trabajo a otro que tampoco hace nada.
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