La normalización tributaria es un mecanismo que permite a quienes posean activos omitidos o pasivos inexistentes en sus declaraciones tributarias puedan subsanar su situación fiscal con una tarifa impositiva especial.
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En ese orden de ideas, y según lo establecido por la legislación, esta herramienta actúa como una especie de saneamiento. Es decir, la medida a grandes rasgos tiene en miras incentivar al contribuyente para que formalice o regularice sus activos, a la vez que le permite al estado recaudar una suma en impuestos.
Los requerimientos de acceso a este beneficio pueden variar de fecha y monto a pagar, dependiendo de las características de cada jornada que se realice. Además, no deriva en «sanción alguna en el impuesto sobre la renta y complementarios y en el impuesto al patrimonio”.
Si bien las jornadas de normalización tributaria se han realizado en diferentes oportunidades entre el 2015 y el 2022 (con excepción del 2018 y el 2021), la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) ha señalado que no es conveniente continuarlas.
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¿Cuáles son las razones?
La Dian ha argumentado que este tipo de instrumentos incentiva un comportamiento reincidente entre los evasores.
De acuerdo con un documento presentado por la entidad, «los programas de normalización de 2019, 2020 y 2022 acogieron a todos los contribuyentes, incluso a los que previamente habían demostrado incumplimiento en los deberes fiscales al normalizar en programas anteriores”.
Por poner un ejemplo, en el caso del 2019, los datos señalan que el 20,4 % de las personas que normalizaron ese año también lo hicieron en 2015, 2016 y/o 2017. Un año después, el panorama no cambio mucho, puesto que se evidenció que el 21,6 % de las personas ya había hecho este proceso anteriormente.
Para el 2022, año en el que se llevó a cabo la última jornada de normalización, la cifra de personas con participación previa ascendió al 31,5 %.
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Por otro lado, la entidad ha señalado que la normalización frecuente genera incentivos perversos, ya que se mina el respeto por la administración tributaria y se percibe como ineficiente. A esto se le suma otro aspecto y es que más jornadas de este tipo no se ha traducido en una mayor efectividad.
“En la normalización de 2019 se declaró la mayor cantidad de dinero: $10,8 billones de pesos. Solo en ese año los contribuyentes confesaron haberle ocultado a la administración tributaria un valor equivalente al 1% del PIB del país”, destaca el texto.
No obstante, para el 2020 se normalizó menos de la mitad del dinero del año anterior. Es decir, se pasó de $7,1 billones de pesos alcanzados en 2019 a $4,9 billones. La situación se volvió a repetir en 2022, cuando los recursos alcanzaron los $2,4 billones de pesos.
La Dian también ha mencionado que gracias al fortalecimiento de las normas internacionales para luchar contra la evasión y compartir información no se hace necesaria realizar otra jornada de este tipo.
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