El proyecto de reforma a la salud del gobierno de Gustavo Petro, que desde su radicación inicial ha tambaleado por las diferencias entre el Ejecutivo y algunos partidos políticos que lo votarán en el Legislativo, debería comenzar a discutirse esta semana en el Congreso, según las cuentas del Gobierno, y si nada extraordinario sucede.
(‘Proyecto de reforma a la salud incluye ideas de partidos y sociedad’).
En esa medida, puntos como quién va a asumir la gestión del riesgo financiero y de salud, así como la definición del papel de las EPS –que pasarían a ser gestoras, como está en el articulado de la ponencia– deben quedar claros en el primer debate. Bajo el sistema de salud actual, las EPS son las encargadas de esa gestión, ya que ellas deben tener “un capital técnico mínimo superior al margen de solvencia, es decir tener siempre recursos para responder a los prestadores de servicios, aunque los siniestros superen la Unidad de Pago por Capitación (UPC)”, como afirma Julio Mario Orozco, consultor en gestión sanitaria.
En plata blanca, asegurarse de que la plata de salud alcance para todo el año y que la atención no se paralice.
Para analistas en salud en el articulado de la ponencia no queda claro quien va a asumir esa gestión y frente a ese panorama, el exministro de Salud Fernando Ruiz menciona que en la práctica terminaría siendo el usuario el que asuma ese riesgo.
“El riesgo individual de salud lo termina asumiendo la propia persona así como el riesgo financiero asociado”, le dijo Ruiz a Portafolio.
(Ya hubo ‘humo blanco’ en el proyecto de reforma a la salud).
Esa afirmación la sustenta en que en el articulado de la ponencia “no aparece el sujeto explícito del derecho que hasta ahora es el plan de beneficios, lo que hace que se complique objetivar el derecho y por tanto el gasto asegurado. Al desaparecer el asegurador individual no es claro a quien se va a tutelar”.
En esa medida, Paúl Rodríguez, economista experto en salud de la Universidad del Rosario, afirma que en el articulado que se radicó el 31 de marzo “las gestoras podrían tener cierta forma de administración de los recursos, pero todo lo pagarían los fondos regionales” -que es otro de los puntos que conservadores y ‘la U’ critican-. Lo que lo lleva a afirmar que no está claro “quién es el encargado cuando pasa algo”.
El otro de los puntos claves, y que si no se define en el primer debate puede dejar a la iniciativa de Petro sin los votos suficientes para convertirse en ley, es el papel de las gestoras.
Según el documento de la ponencia quedan como gestoras, es decir, se les quita la función del aseguramiento y tampoco está claro quién lo asumiría, si será el Estado en cabeza de la Adres, porque las gestoras no lo tendrían.
Así, como dice el consultor en salud Cristian Vanegas, “la Adres concentraría muchas funciones y no tiene las capacidades”.
(Las claves de la ponencia de reforma a la salud que se radicó).
De hecho, el ministro del Interior, Alfonso Prada, dijo en entrevista con Yamit Amat que en el primer debate del proyecto, que será en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, deben definirse esas funciones y “si la gestión del riesgo financiero y de salud es también asumida con corresponsabilidad”, es decir, “si esa gestión queda pública o se comparte entre lo público (el Gobierno) y lo privado (las gestoras)”, tal como el modelo de sistema de salud mixto que, según afirma el ministro de la política, se acordó entre el gobierno y los partido.
A partir de las conclusiones de Prada se puede pensar que gestión del riesgo financiero y de salud, que ahora lo hacen las EPS, terminará siendo asumida de manera conjunta entre el Gobierno y las gestoras.
En todo caso, se debe esperar al desarrollo del debate en el Legislativo para conocer al encargado final de hacer que los recursos de la salud alcancen aunque se supere la UPC.
CLAUDIA M. QUINTERO RUEDA
