En el marco de la gran movilización convocada por Fecode, la Central Unitaria de Trabajadores -CUT- y diversas organizaciones de la sociedad civil, los maestros afiliados a ADEA marcharán este martes pasadas las 9:00 AM, desde el Parque Esthercita Forero, en respaldo a los proyectos a través de los cuales el gobierno nacional pretende introducir reformas de fondo en lo laboral, pensional y en las formas de prestación de servicios de salud a los colombianos.
“Esta vez, más que en función de expectativas gremiales, los educadores marchamos en defensa de intereses ciudadanos y de reformas que después de casi 32 años de expedida la Constitución de 1991 apuntan a concretizar el aplazado ideal de construcción de un auténtico Estado Social de Derecho”, señaló Alberto Ortiz Saldarriaga, presidente de ADEA.
El dirigente sindical, para especificar las afectaciones que las reformas pretenden revertir, recordó que, desde la expedición de la ley 50/90, se modificó el decreto 2351 de 1965 y se acabó con los contratos a término indefinido, lo cual resulta abiertamente contrario a lo instituido en el aún no desarrollado artículo 53 constitucional, que señaló que «la ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores» como contrariando a la Constitución se ha hecho.
Tal norma constitucional (artículo 53), que debió inspirar la expedición de un Estatuto del Trabajo, hasta hoy postergado, establecía además, como principios mínimos fundamentales, la estabilidad en el empleo, la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; una situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho y primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales.
No obstante, y de acuerdo a la explicación del presidente de ADEA, el trabajo en Colombia se volvió temporal u ocasional, haciendo más difícil reunir el tiempo para pensionarse, lo que además se agravó tras el aumento por ley de las edades para lograr este objetivo, inicialmente con la modificación por el artículo 33 de la ley 100/93 del artículo 260 del decreto ley 2663 de 1950 y, posteriormente, con la expedición de la Ley 797 de 2003 con las que se elevó la edad para pensionarse de 50 (mujeres) y 55 años (hombres) a 57 y 62 años para mujeres y hombres, respectivamente.
Para los educadores sin embargo esas no son las únicas correcciones que se pretende que deje en el pasado la reforma laboral pues se aspira a que la reforma derogue la ley 789 de 2002 que eliminó los recargos por laborar en jornada nocturna y en domingos y festivos.
En su explicación, desde ADEA se acotó que en materia pensional los trabajadores aspiran a que las reformas estén orientadas a subsanar las inequidades derivadas de la coexistencia de un sistema público (Colpensiones) que compite en condiciones desventajosas con Fondos Privados de Pensiones, que a pesar de tener más de 18 millones de cotizantes no alcanzan a tener más de 300 mil pensionados, mientras que el sistema público, con tan sólo 6,7 millones de afilados si tiene que pagar obligaciones pensionales a 1.5 millones de ciudadanos.
En esa perspectiva y para no acudir de nuevo a la fórmula de elevar la edad de pensión, urge balancear la ecuación y garantizar que Colpensiones tenga el número suficiente de trabajadores activos y cotizantes que puedan contribuir para pagar las pensiones ya causadas y reconocidas a los trabajadores retirados (financiación y sostenibilidad del modelo). En otras palabras la reforma busca una transferencia de recursos de las generaciones laboralmente activas a las inactivas y por esta vía lograr que el Estado deba gastar más de 14 billones para cubrir las pensiones desfinanciadas.
Por vía del ahorro de esta importante cifra es que se aspira a reconocer pensión a más de 3 millones de ancianos excluidos hoy de este beneficio.
Por su parte, en materia de salud, lo que en opinión de los educadores se busca para el conjunto de la sociedad colombiana es pasar de un modelo que concibe la salud como mercancía y a los pacientes como clientes a uno que recupere el sentido de derecho fundamental, mediante la eliminación de la intermediación, el fortalecimiento de la atención primaria y que logre el tránsito exitoso hacia un modelo de salud preventiva
