La Cámara de Representantes aprobó el proyecto de reforma al Sistema General de Participaciones, que busca incrementar los recursos que la Nación le transfiere a los departamentos, en su octavo y último debate. Ahora solo le resta la conciliación.
Si bien se viene la conciliación, tanto el texto aprobado en el Senado como en la Cámara establece que esa cifra pasará, de manera gradual, 23,8% al 39,5%. Además, se condiciona la entrada en funcionamiento de la reforma constitucional más importante de la última década a expedición de una ley de competencias, que debe dejar claros cuáles son las funciones del nivel central que pasan a las regiones.
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“Tenemos una deuda histórica con departamentos y municipios. En la Constitución del 91 fuimos generosos en materia de descentralización. Partimos del principio de que ese modelo centralista era un verdadero fracaso. Siempre se dijo que debíamos tener una mayor autonomía en las regiones para de esa manera corregir una desigualdad que existe en los territorios”, aseveró el representante liberal Carlos Ardila, ponente del proyecto.
El respaldo de los gobernadores
Varios gobernadores hicieron acto de presencia en la sesión plenaria de la Cámara de Representantes, que se extendió hasta poco después de las 11:00 p.m.
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«Esto marcará un antes y un después en nuestra Nación. Durante décadas, los municipios y los departamentos han sido relegados a un segundo plano porque no tienen los recursos. La centralización de los recursos y del poder ha generado profundas desigualdades en las regiones (…) Es necesario destacar que este proyecto no va a quebrar a Colombia. Hay que darle a paso a las entidades territoriales y para ello es necesario disminuir el tamaño del gobierno central«, señaló Eduardo Verano de la Rosa, gobernador del Atlántico.
Por su parte, Carlos Amaya, gobernador de Boyacá y presidente de la Federación Nacional de Departamentos, dijo: «Aquí quienes dicen que qué se hará con la plata que les pasen a las regiones deberían preguntarse primero de donde salen los recursos para pagar el PAE qué era una competencia del Instituto Colombianos de Bienestar Familiar (…). Ojalá hubiese sido o sea más el porcentaje, pero este proyecto sin duda va a ayudarnos a cumplir una promesa«.
Cabe mencionar que la ponencia de archivo que se negó en la sesión de este lunes, fue propuesta por la representante de la Alianza Verde, Katherine Miranda, quien aseguró que el nuevo sistema afectaría gravemente a la estabilidad fiscal y las arcas del país.
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«El presupuesto para el próximo año será de 523 billones de pesos y ¿saben en cuánto va a ser inflexible? En un 91 por ciento. Y nos echan el cuento de que van a generar una ley de competencias. ¿Saben cuáles con las competencias que le van a terminar transfiriendo a los territorios? Que terminen pagando la deuda externa, pensiones, defensa y seguridad, eso es lo que van a transferir, porque si no se necesitarían nueve reformas tributarias«, dijo la congresista.
PORTAFOLIO
*Con información de EL TIEMPO – POLÍTICA