La Procuraduría hizo un llamado al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic) y al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (FTIC) a que tomen las acciones necesarias para garantizar la instalación y puesta en marcha de los Centros Digitales ubicados en 17 departamentos del país, servicio por el cual se firmó un contrato por valor de 1,06 billones de pesos.
(Retos que deberá enfrentar Carmen Ligia Valderrama, nueva ministra TIC).
El objetivo de este contrato, el cual presenta varios meses de retraso en el cronograma de trabajo, es llevar internet gratuito a los departamentos de Antioquia, San Andrés, Atlántico, Caldas, Caquetá, Cesar, Córdoba, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Meta, Norte de Santander, Santander, Sucre, Tolima y Vaupés.
El llamado busca que estos dos organismos cumplan con las obligaciones del Contrato de Aporte n.° 1042 de 2020, celebrado con Comcel S. A.
La Procuraduría advirtió que, si bien el ministerio y la interventoría han señalado que los Centros Digitales de los Grupos 1A y 1B se encuentran en operación (aprobados remotamente), respecto del Grupo 1B el cumplimiento de la meta relacionada con la “aprobación por parte de la interventoría de la instalación y puesta en servicio del Grupo 1B correspondiente a dieciséis coma veinticinco por ciento (16,25 %) de los Centros Digitales” presenta varios meses de retraso, de acuerdo con el cronograma de trabajo establecido.
(Conectividad, dominancia y 5G, los pendientes de MinTIC).
En cuanto a la meta 10 relacionada con el “reporte de la instalación y puesta en servicio del Grupo 2 correspondiente a treinta y dos coma cinco por ciento (32,5 %) de los Centros Digitales”, se encontró que el contratista para el Grupo 2 no ha reportado ni siquiera el 10 % de los Centros Digitales de esta entrega pactados contractualmente.
Así las cosas, en desarrollo de la vigilancia preventiva adelantada sobre este proyecto, se solicitó informar en qué consiste el riesgo concreto manifestado por el contratista, en relación con el cumplimiento de esta última meta (reporte de la instalación y puesta en servicio), las acciones que se han adelantado para mitigar o superar el riesgo, o si este se encuentra latente y si se dio cumplimiento a la meta.
Vale la pena recordar que el Ministerio de las TIC ha estado en el ojo del huracán desde que se desató el escándalo —que llevó a la renuncia de Karen Abudinen— por las irregularidades en el contrato por 1,07 billones de pesos que firmó la cartera con la Unión Temporal Centros Poblados, contratista que presentó garantías bancarias falsas que le permitieron acceder a un adelanto de 70.000 millones de pesos.
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