Se trata del proceso conocido como Megacolegios donde Jorge Pérez fue detenido varios meses
Con una providencia que tiene fecha 1 de noviembre de 2023 pero que solo se ha conocido públicamente en La Guajira este 22 de noviembre, la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia decidió sobre una demanda de nulidad que había impetrado el equipo jurídico del exgobernador de La Guajira, Jorge Eduardo Pérez Bernier, en contra del auto proferido por la Sala de Instrucción en el que se le negó la validación de lo que los asesores jurídicos presentaron como pruebas sobrevinientes en el proceso en el que se investiga la conducta penal del exmandatario acusado de varios delitos contemplados en el grupo de la corrupción.
El expediente dice que, los delitos por los que acusan a Pérez Bernier son celebración de contrato sin el lleno de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros agravado por la cuantía y proceden del contrato 770 que Pérez Bernier suscribió en noviembre de 2009 con la Unión Temporal del Norte conformada por la empresa Ávila Ltda. y H&H Arquitectura, firma que posteriormente cedió sus derechos en el contrato.
El objeto inicial del contrato sería “la ejecución del plan de infraestructura educativa departamental: estudios técnicos, diseños, construcciones nuevas, ampliaciones y mejoramientos de las instituciones educativas del departamento, con plazo de 26 meses”. Se trata del mismo contrato que fue bautizado por la comunidad como el de ‘los megacolegios’, pero en realidad no fue construido ninguno, sino que se produjo el mejoramiento de la infraestructura de una buena parte de las instituciones educativas de varios municipios.
El contrato arrancó con un costo de 90 mil millones y en el curso del desarrollo fue adicionado en ocho oportunidades, siete fueron en la administración del ingeniero Pérez Bernier y al final, según lo que contempla el expediente, el contrato llegó a la cifra de 134.963 millones 570 mil pesos.
Las denuncias contra el ahora exgobernador y líder de un grupo político que en esos momentos mandaba en La Guajira, no se hicieron esperar y tras un prolongado debate jurídico, el exmandatario quedó envuelto en procesos disciplinarios, fiscales y penales.
De los dos primeros logró salir sin mayores afectaciones, pero no consiguió lo mismo en el proceso penal, donde los investigadores encontraron que Pérez “habría permitido un peculado en favor de terceros por el orden de 24.154 millones 012 mil 853 pesos debido a los distintos sobrecostos por la variación de las cantidades de obra, precios y avalúos, así como perjuicios por cuenta de la adquisición de equipos que no se utilizaron y la variación entre la infraestructura que se planeó y lo que finalmente fue ejecutado”, dice el expediente.
Los investigadores dijeron que las fallas encontradas son «proyección del tiempo» en que se iba a ejecutar. Además, se le dio tratamiento de contrato de obra cuando en realidad tiene un «componente alto de consultoría», sin la planeación necesaria para realizar un adecuado estudio de presupuesto, costos y diseños a contratar. Dicen, asimismo, que en el pliego de condiciones hubo «direccionamiento» en la escogencia del contratista y la falta de sustento técnico y jurídico. La Sala de Casación sostiene que se evidencia en la carta de invitación a los proponentes, «capricho y arbitrariedad».
Con todos estos elementos el tribunal superior de Bogotá en noviembre de 2016 hizo la audiencia de imputación con los cargos ya referenciados. Con todo esto en contra, el 25 de noviembre de 2016 le fue impuesta medida de aseguramiento privativa de la libertad, que cumplió hasta el 21 de junio de 2018 cuando se sustituyó por las no privativas de la libertad y solo se le restringió salir del país y tener presentaciones periódicas cuando y cuando fuera requerido.
En febrero pasado se desarrollaron las sesiones entre el 7 y 13, las cuales ahora dan la providencia que niega las pruebas sobrevinientes y que consisten en las decisiones que tomaron en su momento, tanto la Procuraduría que lo absolvió, como la Contraloría General de la República donde también cerraron sus procesos.
El magistrado de la Sala de Casación consideró que esos elementos no constituyen nada nuevo para el proceso y decidieron negar su validación. Esa decisión de la Sala de Casación no tiene apelación posible y deja a Pérez Bernier a un paso de que se produzca la sentencia definitiva en la que si bien es cierto podría salir bien librado, también está en su contra la posibilidad de que se le condene.
