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La Sala de Juzgamiento de Servidores de Elección Popular de la Procuraduría General de la Nación será la encargada del proceso que en segunda instancia se le adelantará al gobernador de Vichada, Álvaro Arley León Flórez, inhabilitado por ocho años en el fallo que inicialmente emitió la Entidad.
El Ministerio Público señaló que será la citada delegada la que tramite la solicitud que presentó el mandatario local con respecto a la revisión de la sentencia proferida por la suscripción de un contrato por más de $1.700 millones con un particular que realizó aportes a su campaña electoral.
En el expediente que gestionó el organismo de control se demostró que la personas que hicieron parte de la campaña tuvieron conocimiento de los aportes que León Flórez recibió de Jorge Elieser Forero Gaitán, algunas de ellas en especie y otras en efectivo, con el que se adquirieron mercados para distribuir a familias afectadas por la pandemia el Covid-19.
Finalmente, la Sala de Juzgamiento de la Procuraduría deberá determinar si, como se enunció en el fallo de primera instancia dado a conocer a finales del pasado mes de julio, el gobernador violentó la administración pública con su actuación con lo que incurrió falta calificada como gravísima a título de culpa gravísima.
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