Esta semana ha estado marcada por las intervenciones que ha hecho el Gobierno Nacional, por medio de la Superintendencia de Salud, a dos de las EPS más importantes del país (Sanitas y Nueva EPS) y la petición de Compensar de ser intercedida por esta misma entidad por problemas financieros.
Esto ha coincidido con el hundimiento oficial de la reforma a la salud del gobierno del presidente Gustavo Petro, lo que ha sido interpretado por varios sectores de la oposición a la administración actual como una retaliación al archivo del proyecto de ley.
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La situación actual de la situación del sistema de salud nacional, de hecho, coincide con uno de los mandatos que el Gobierno en el documento ‘Colombia:potencia mundial de la vida’, en la cual el alto Gobierno consignó: «Garantizaremos el derecho fundamental a la salud a través de un sistema único, público, universal, preventivo y predictivo, participativo, descentralizado e intercultural, que no dependa de la capacidad de pago, la rentabilidad económica ni de la intermediación administrativa y financiera«.
En análisis para EL TIEMPO, Ricardo Ávila hace mención de las palabras de la primera ministra de Salud que tuvo el gobierno Petro, Carolina Corcho, quien dijo que «tiene que haber una crisis explícita, clara, que le permita entender a la sociedad que se requiere el cambio«.
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Desde este punto de vista, el experto asegura que la Casa de Nariño tenía dos caminos: sacar adelante su proyecto en el Capitolio o hacer todavía más inviable un diseño que arrastraba enormes pasivos, agudizando los problemas de liquidez existentes.
«Ambas estrategias acabaron poniéndose en marcha, con el fin de que la única tabla de salvación resultara ser la aprobación de la iniciativa radicada en febrero del año pasado«, dijo el experto.
De ahí en adelante, se llevó a cabo el trámite de la reforma a la salud, la cual termino siendo archivada dos veces en Congreso, dadas las dudas que surgieron por la operatividad de una estructura con un solo pagador o el proceso de transición sin afectar a los usuarios.
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Sin embargo, en el caso del segundo archivo, pocos esperaban que el Gobierno Nacional decidiera intervenir dos de las EPS con más usuarios a nivel nacional, así como la petición de la EPS Compensar de ser liquidada.
Y a pesar de que la Supersalud, así como las mismas EPS intervenidas, han asegurado que los servicios en salud seguirán funcionando con normalidad, esto no ha aliviado la incertidumbre entre los pacientes, temiendo, incluso, en no contar con un servicio de salud garantizado.
«No hay que pecar de suspicacia para inferir que las intervenciones serán el vehículo que le permitirá al Gobierno imponer el sistema de salud que pretendía implementar por medio de la reforma que naufragó«, menciona Ávila.
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Y es que las seis EPS que hoy están bajo su control directo –Emssanar, Savia Salud, Asmet Salud, Famisanar, Sanitas y Nueva EPS– suman 24,7 millones de afiliados, cifra que puede seguir aumentando si la Supersalud interviene a las EPS restantes.
«Tales actuaciones deben realizarse a partir de la ponderación de indicadores financieros, administrativos, de salud y jurídicos, de auditorías de la misma Superintendencia y de informes de los entes de control, pero la norma da un amplio margen a la discrecionalidad al funcionario de turno. Ello no evita la controversia por lo sucedido o la posibilidad de que la Procuraduría y los jueces tomen cartas en el asunto si consideran que hubo extralimitación de funciones«, explica el analista.
Añade que Antes de tomar medidas de fondo, en épocas diferentes los pasos habían incluido recoger conceptos técnicos, adoptar medidas de vigilancia especial, definir planes de recuperación y optar por medidas cautelares, sanciones o multas. En otras palabras, a las EPS se les solía dar el chance de corregir el rumbo.
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“Tomar el control por medio de interventores no fue nunca la intención. Apostábamos por mantener a flote un sistema sometido a crecientes presiones demográficas, epidemiológicas y financieras, como ocurre en el mundo entero”, asegura el exsuperintendente de salud, Fabio Aristizábal.
Sin embargo, la pauta ahora es otra. “Al Gobierno no le interesa recuperar las EPS intervenidas para mejorar el servicio y garantizar el goce efectivo del derecho a la salud de los afiliados”, dice el consultor en sistemas de salud, Ramón Abel Castaño.
Puede leer el análisis completo de Ricardo Ávila en este enlace.
PORTAFOLIO
*Con información de EL TIEMPO – UNIDAD DE SALUD