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Sector de la construcción en Boyacá sufre afectaciones por paro

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Sector de la construcción en Boyacá sufre afectaciones por paro

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En diálogo con Caracol Radio, la gerente de Camacol Boyacá y Casanare, Ana Elvia Ochoa, manifestó preocupación por las graves consecuencias para la construcción y la compra venta de bienes e inmuebles por el cese de actividades y labores de media marcha en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos (ORIP) que se viene presentando desde el año 2020

“Toda la situación hace que los trámites sean lento, demoras excesivas en todas las gestiones de registro hace que se vean más agravadas, porque en este momento no hay ningún tipo de servicio por parte de las oficinas”, dijo Ochoa.

Hizo un llamado a las autoridades nacionales para que puedan tomar cartas en el asunto y se les busque una solución a esa problemática.

“Esto afecta, no solamente a los compradores de vivienda, sino a todas las personas que hacen trámite de compra venta de bienes e inmuebles porque todos deben pasar por la oficina de registro, así sean inmuebles usados otro tipo de documentos públicos que requieren escritura y por ley deben pasar por esas oficinas de registro”, explicó.

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Insiste que labores a media marcha pone en riesgo la entrega de viviendas y la dinámica de todo el sector constructor.

De acuerdo con las estimaciones del Gremio, tras 8 días de parálisis del servicio público registral, se han frenado inversiones en vivienda nueva equivalentes a $1,6 billones y se ha puesto en riesgo el acceso a la vivienda formal de 8.000 familias colombianas.

En el caso del departamento de Boyacá, $15.000 millones de inversión en vivienda nueva se han frenado, y 101 familias han dejado de recibir su vivienda oportunamente.

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Funcionaria de la alcaldía de Paipa sería investigada

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Funcionaria de la alcaldía de Paipa sería investigada

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Luego de que la Fiscalía General de Nación seccional Boyacá, decretara la medida de reclusión en establecimiento carcelario a 5 de los 7 jóvenes capturados por su participación en el paro nacional, por su parte a dos mujeres de las capturadas se les dicto medida de casa por cárcel por ser madres cabezas de familia.

En el desarrollo de la audiencia de imputación de cargos y establecimiento de medida carcelaria, se presentaron diferentes pruebas por parte del ente acusador en el que se refiere al parecer uno de los jóvenes capturados a una funcionaria de la alcaldía municipal de Paipa.

Efectivamente se mencionó que presuntamente hay un funcionario de la alcaldía del municipio de Paipa, que estaría colaborando con estos integrantes de primera línea, pero está siendo objeto de investigación.” dijo Sergio Castellanos Mantilla, director de fiscalía en Boyacá.

Por el momento se busca avanzar en el proceso de investigación que permita establecer las medidas correctivas que se tomara ante los 7 jóvenes acusados.

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A la cárcel 5 de los 7 jóvenes de la primera línea capturados en Boyacá

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Tumban la elección del personero de Toca, Boyacá

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La Fiscalía General de la Nación pidió cárcel contra 7 jóvenes presuntamente integrantes de la Primera Linea que fueron capturados en Boyacá, por aparentes delitos en medio de las protestas del paro del 2021.

Tres días demoraron las audiencias concentradas contra 3 mujeres y 4 hombres, jóvenes capturados en Sogamoso y Tunja (Boyacá) el pasado lunes 22 de noviembre por presuntamente pertenecer a la llamada primera línea, un grupo que lidero las protestas del paro nacional del 2021.

La razón por la que los jóvenes comparecieron ante el Juez Segundo Penal Municipal de Paipa, es porque al parecer, según el material probatorio recolectado por el ente acusador, habrían cometido varios hechos contrarios a la ley, dentro de los que se encuentran haber coordinado todo un presunto grupo delincuencial, y ordenar todos los desplazamientos con fines violentos, y una logística premeditada para arremeter contra la fuerza pública, afectando incluso a quienes protestaban de manera pacífica. Lo anterior incluye la fabricación y el uso indiscriminado de papas bomba contra la fuerza pública.

Las capturas fueron legalizadas, y la fiscalía les imputó varios delitos a estos jóvenes, implicados en agresiones, con elementos contundentes y sustancias peligrosas, a funcionarios y vehículos de la Policía, concierto para delinquir, y otros delitos graves.

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Con un varios elementos materiales de prueba expuestos en la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento, la fiscalía le pidió al juez Segundo Penal Municipal de Paipa, que les de medida de aseguramiento carcelaria a todos los jóvenes involucrados, pues para el ente acusador, son un peligro para la sociedad.

“La fiscalía considera que se actualizan los 4 requisitos establecidos en el articulo 440, y se infiere la participación de estas personas en el delito de concierto para delinquir, que se trata de unas personas organizadas para atacar a la fuerza pública, y se pudo demostrar en los audios ya expuestos que no estaban cumpliendo una finalidad legitima ni un objetivo social, sino que sis manifestaciones siempre fueron llenas de odio con el animo de lesionar bienes tutelados”, sostuvo la fiscal del caso.

Agregó que “solicitamos se imponga medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario a estos jóvenes imputados. Es a las personas que ejercen el derecho a la protesta pacifica, a las que debemos defender, no a quienes promueven hecho vandálicos para atemorizar a la comunidad. Estas personas no discriminaban al momento de fomentar la violencia en medio de las protestas, así como se demuestra en los diferentes audios expuestos en esta audiencia de solicitud de medida de aseguramiento”.

El juez concedió la palabra a la defensa de los imputados, quienes solicitaron al juez que se les concediera a los involucrados, la posibilidad de defenderse en libertad.

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Finalmente, el juez decidió que cinco de los siete capturados, deberán estar cobijados con medida de aseguramiento intramural preventiva, mientras se surte todo el proceso penal en su contra.

Quienes irán a establecimientos carcelarios son: Sergio Andrés Forero Orjuela, Sandy Paola Camargo, Brayan Nicolás Romero, Iván Hernando Ayala Díaz, Julián David Barón Ávila.

Por su parte a las imputadas Brigitte Maritza Supelano López y Juliana Andrea Higuera Camargo, el Juez les impuso medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria, (casa por cárcel), toda vez que se trata de dos mujeres madres cabeza de hogar, madres de dos menores de edad.

 

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Tunja entre las ciudades con índices más altos de severidad del Covid-19

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Tunja entre las ciudades con índices más altos de severidad del Covid-19

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De acuerdo con el informe más reciente y actualizado del Observatorio Nacional de Salud, ONS, sobre COVID-19 y sus impactos en el país, que comprende el análisis de las cifras reportadas sobre la pandemia desde su inicio, confirmó y evidenció en varios de sus hallazgos que la COVID-19 visibilizó y profundizó las desigualdades sociales ya existentes, especialmente en las poblaciones con mayores carencias socioeconómicas y de otro tipo.

La revisión de las investigaciones y encuestas publicadas, así como la realización de revisión documental, análisis cuantitativos y estudios de caso, con particular énfasis en poblaciones afrodescendientes, indígenas y trans, mostró, por ejemplo, que en estos grupos poblacionales se presentaron afectaciones en salud mental, derivadas del temor al contagio y las medidas instauradas por la pandemia, que se dieron no solo en Colombia, sino en el mundo.

Esas afectaciones según los entrevistados fueron principalmente de zozobra, ansiedad y miedo. Según afirmó Carlos Castañeda, director del ONS, del INS, “La salud mental fue una de las áreas donde más se identificaron afectaciones, con repercusiones en toda la población, independientemente de su condición social, pero con efectos más profundos en aquellos más vulnerables, desde el punto de los determinantes sociales de la salud”

El segundo aspecto relevante del estudio, es que luego de un año y medio de pandemia, el ONS reiteró que se presentó una afectación diferencial. Es decir, que las poblaciones con mayores desigualdades socioeconómicas sufrieron con mayor severidad los efectos directos e indirectos del COVID-19.

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En cuanto a los índices de transmisión y severidad, se encuentra que los municipios con mayor transmisión de COVID19 fueron Leticia, Barranquilla, Bogotá, Tunja y Neiva; y en cuanto a la severidad de la enfermedad, las ciudades más afectadas fueron Leticia, Cúcuta, Ciénaga en Magdalena, Bogotá y Neiva. Los municipios con mayor hacinamiento crítico y mayor población étnica también reportaron valores de mayor severidad. También se identificó una mayor prevalencia de enfermedades crónicas en dichos municipios.

Respecto al análisis de las desigualdades sociales, se evidencia que, en las poblaciones más vulnerables, respecto al acceso a los servicios de salud, se ampliaron las brechas y se hallaron municipios pobres en donde la mortalidad materna, la morbilidad materna extrema, la sífilis gestacional y congénita aumentaron su ocurrencia y/o sus desigualdades. Los datos del INS confirman que el 12% de las muertes maternas se dieron directamente por covid. La mortalidad por IRA y enfermedad por desnutrición aguda en menores de cinco años también aumentó.

El estudio además muestra un análisis de costo-efectividad de la vacunación contra COVID-19 que muestra el efecto positivo de la medida, especialmente desde el segundo semestre de 2021 cuando la proporción de población vacunada alcanza valores importantes.

Es por eso que al comparar los escenarios de la pandemia con o sin vacunación, se aprecia el impacto positivo en disminución de casos, hospitalizaciones y muertes, que es evidente incluso desde el tercer pico y que ha implicado ahorros al sistema de salud que identifican la intervención como una estrategia costo-efectiva.

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El ONS concluyó que pese a la fragilidad de los sistemas de salud, sobre todo en el marco de una emergencia de tales proporciones, se visibilizan los esfuerzos institucionales por superar esas barreras que pasan por las diferencias geográficas, socioeconómicas y estructurales, que recuerdan nuevamente la importancia de la salud pública y el enfoque de los determinantes sociales de la salud.

 

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