Desde el gobierno de Gustavo Petro se ha planteado asumir algunas de las funciones regulatorias de los servicios públicos domiciliarios. Situación que no ha caído bien en algunos sectores.
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Las agremiaciones de los sectores de servicios públicos, representados por Andesco, Acolgen, Andeg, Asocodis y Ser Colombia, mostraron su desacuerdo respecto a la propuesta.
Su misiva, afirman, es una defensa a la institucionalidad, el reconocimiento de competencias. “La institucionalidad actual del sector cuenta con los elementos que habilitan la participación del Gobierno nacional en la toma de decisiones y definición de lineamientos generales de la regulación de los servicios públicos para orientar a las Comisiones de Regulación“, explican.
Las agremiaciones explican que no todas las funciones de las comisiones de regulación son delegadas del Presidente pues las instituciones, en su rol de unidades administrativas independientes, ejercen funciones que han sido asignadas directamente por el legislador. “En ningún caso podrían ser asumidas o ejercidas por el Presidente de la República”, aclaran.
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En este sentido aclaran que: “Si bien el Presidente puede en cualquier momento reasumir las competencias delegadas a las comisiones de regulación, ello no implica que pueda desconocer las funciones propias de la Creg“.
Por eso, sugieren que el Gobierno, al momento de decidir, tenga en cuenta las competencias para fijar las tarifas y la delegación de funciones que se establecen en la ley.
“Debe recordarse que la prestación de servicios públicos parte del régimen de libre competencia e iniciativa privada, en el marco de la cual el régimen tarifario debe orientarse por criterios de eficiencia económica, solidaridad, redistribución, así como de suficiencia financiera”, puntualizan las agremiaciones.
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Finalmente, piden al Gobierno “hacer un alto en el camino y abrir espacios de diálogo” para poder llegar a acuerdos en el marco de la institucionalidad.
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