El contralor General de la República encargado, Carlos Mario Zuluaga Pardo, dijo que en la rendición de cuentas de auditoría sobre el cumplimiento de la Sentencia T-302 en los años 2019, 2020, 2021 y 2022 en La Guajira, esta no ha avanzado por la falta de articulación entre las entidades tanto de orden nacional, territorial y las comunidades indígenas, lo que calificó como falta grave.
“Ejemplo de esta desarticulación se ve en atención a los niños wayuu, en donde la actuación especial de la Contraloría General de la Nación (CGR) encontró que las entidades gubernamentales desarrollan sus programas y proyectos, pero no comparten sus resultados ni se comunican debidamente”, expresó.
De igual forma señaló que se pudo comprobar esta desarticulación en un hecho lamentable: de los 265 niños fallecidos reportados por el ministerio de Salud, en las vigencias auditadas (2019 a 2022), 95 hacían parte de los programas del Icbf y no fue posible detectar a tiempo su estado de desnutrición.
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Asimismo en estas conclusiones, la Contraloría evidenció que no hay destinación de recursos específicos para atender lo solicitado en la sentencia de la Corte. “Las acciones que reportaron las entidades objeto de revisión tienen que ver con el normal desarrollo de sus actividades misionales, evidenciando que existe una ausencia de destinación de recursos específicos para la atención de lo solicitado en la sentencia T-302 de 2017 durante las vigencias auditadas”.
Con esta sentencia de tutela, la Corte Constitucional declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucional, con relación al goce efectivo de los derechos fundamentales a la alimentación, la salud, el agua potable y a la participación de los niños y niñas del pueblo wayuu.
“El seguimiento realizado por la Contraloría Delegada para el Sector Salud permitió determinar un incumplimiento de la meta de casos de muertes por desnutrición aguda en menores de 5 años de la población wayuu. La tasa de mortalidad en los municipios de Uribia, Maicao, Riohacha y Manaure por desnutrición promedio es 61.88 por 100.000 niños menores de 5 años entre 2018 – 2022; la cual es mayor respecto a lo registrado en el promedio nacional y departamental.
Se observó el incremento de casos (acumulado) por desnutrición (corte a 31 de diciembre de 2022) en la población indígena Wayuu menor de 5 años, reportados en los municipios de Uribia (161), Maicao (76), Riohacha (42) y Manaure (151)”.
“La Sentencia establece acciones relacionadas con las ‘actividades de inspección, vigilancia y control por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, en el contexto particular y específico de La Guajira’, conforme a las competencias de esta entidad, y se desconoce su ejecución y resultados sobre los responsables del cumplimiento de las ordenes de la Corte o los actores relacionados, como la secretaría de Salud Departamental de La Guajira, las Empresas Sociales del Estado de los municipios del mandato judicial o las Entidades Promotoras de Salud con habilitación en esta zona”.
La gobernadora de La Guajira, Diala Wilches, dijo ante este informe, “alarmarse es para poder darle salida efectiva a estos requerimientos, para generar un mejor panorama a la auditoría en 2023 que es el siguiente que viene a auditarse, esto que es una alerta, no se convierta en un tipo de hallazgos”.
