Ante las cifras reveladas del Instituto Nacional de Salud – INS, que indica, que, entre enero y septiembre de este año, en el departamento de La Guajira fueron notificadas 46 muertes por desnutrición y causas asociadas en niñas y niños menores de 5 años, la defensoría del Pueblo expresó su preocupación.
Así mismo, ante haber revelado la entidad, cerca de 2 mil casos por desnutrición aguda moderada y severa en niñas y niños en el mismo rango de edades, el Defensor del Pueblo solicita la implementación de medidas que permitan lograr el eje transformador del derecho humano a la alimentación, atendiendo a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo.
La Entidad, indicó que en total han sido 55 los niños de los pueblos indígenas fallecidos en lo corrido del año, y que los más afectados, de acuerdo con la información reportada por el INS, fueron Wayuu con 46 fallecimientos, seguidos de los Wiwa con 3, Kogui 2 y Arhuaco (1). Además, se registra que un porcentaje del 83,9 de las muertes se presentó en niñas y niños que residían en zonas rurales, y el 7,1 por ciento de los casos correspondió a hijas o hijos de madres cuyas edades oscilan entre los 12 y 17 años.
“Lo que infortunadamente está sucediendo es el resultado de la ausencia de políticas públicas integrales y de una respuesta sólida estatal que permitan la construcción de planes de acción que tengan en cuenta las necesidades y contextos propios de la población indígena del departamento, especialmente las que conciernen a la generación de opciones productivas sostenibles para la población más vulnerable, así como a la falta de garantías para tener un acceso continuo al agua potable con una amplia cobertura”, expresó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
“Desde la Defensoría del Pueblo hemos verificado en terreno la vulneración sistemática de derechos como la salud; por ejemplo, municipios como Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia no cuentan con disponibilidad, accesibilidad y calidad en la atención, establecidos tanto en la Observación General 14 del Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales como en el artículo 6 de la Ley Estatutaria 1751 de 2015”, manifestó Camargo Assis.
