La Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) presentó un balance positivo en la defensa del derecho a la salud de los usuarios en el departamento de La Guajira, así como en la protección de los recursos públicos destinados a este fin. En el marco de la jornada de gobierno con el pueblo en La Guajira, encabezada por el Presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, la Supersalud llevó a cabo acciones para restablecer los derechos en salud de los usuarios y garantizar el uso adecuado de los recursos en los municipios con indicadores de salud más críticos.
Durante esta semana, se enfocaron en identificar deficiencias en la atención y realizar inspecciones y vigilancia a las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), tanto públicas como privadas, así como a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) que operan en la región. Previamente, se solicitaron planes de trabajo concretos a los entes supervisados para asegurar el acceso oportuno e integral a los servicios de salud de los ciudadanos.
Como resultado, se impartieron medidas cautelares a las IPS indígenas Kottushi Sao Ana, que operan en los municipios de Maicao, Uribía y el Distrito de Riohacha, así como a Palaima, con sede en Uribía, debido a que los planes de acción presentados no garantizaban superar los hallazgos identificados. Estas decisiones tienen como objetivo salvar las vidas de los menores y mejorar significativamente la atención de niños y niñas menores de 5 años diagnosticados con desnutrición, priorizando a las comunidades Wayuu que requieren acciones inmediatas.
La Supersalud ordenó a los representantes legales de estas instituciones indígenas fortalecer la gestión del riesgo clínico, registrar todas las atenciones en la historia clínica de cada menor, disponer de los equipos biomédicos necesarios y asegurar la atención de los menores pertenecientes al pueblo Wayuu sin necesidad de autorización de las EPS. Sin embargo, durante el seguimiento realizado en una mesa técnica, se evidenció el incumplimiento de las instrucciones impartidas. Por lo tanto, se iniciará una investigación administrativa con fines sancionatorios y se trasladará el caso a la Procuraduría General de la Nación.
Además, se identificaron una serie de hallazgos, entre ellos incumplimientos en el seguimiento y monitoreo periódico de los indicadores del Plan Territorial en salud, fallas en el proceso de inspección a las EPS e IPS para garantizar la recuperación nutricional de los niños, falta de contratación del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas, escasez de talento humano para la gestión de la salud pública y falta de análisis periódico de los indicadores de calidad de la atención en salud en el territorio.
Para abordar la situación, la Supersalud realizó auditorías a las EPS que operan en La Guajira con el objetivo de mitigar las muertes por desnutrición en menores de 5 años. Se ordenó el monitoreo y evaluación de las Rutas de Atención Integral Materna Perin
atal, el manejo integral de la desnutrición en niños de 0 a 59 meses, garantizar la Red de Prestadores de Servicios de Salud para los afiliados y reportar el flujo de recursos a la red prestadora.
Durante esta semana, se llevaron a cabo inspecciones a los puntos de atención al usuario en el Distrito de Riohacha y el municipio de Dibulla, donde se evidenciaron deficiencias en la infraestructura, el aseo y la humanización del servicio. Para abordar estas barreras en la atención, se gestionaron más de 200 reclamaciones ante las distintas EPS, logrando el cierre efectivo del 97% de las quejas radicadas durante las jornadas de atención al usuario.
El Superintendente Nacional de Salud, Ulahi Beltrán López, enfatizó la responsabilidad indelegable de las aseguradoras de brindar un servicio integral a los menores, fortaleciendo el componente preventivo y garantizando el uso adecuado de los recursos públicos del sistema de salud. Se hizo un llamado a las EPS que operan en La Guajira a cumplir con su deber y utilizar los recursos asignados, que superan los 900 mil millones de pesos, para garantizar la prestación de servicios de salud a más de un millón de afiliados del régimen subsidiado en el departamento.
En conclusión, el Gobierno del Pueblo, a través de la Supersalud, ha intensificado sus acciones para defender el derecho a la salud de los guajiros, especialmente de los niños y niñas menores de 5 años que padecen desnutrición. Se han impartido medidas cautelares, ordenado ajustes y realizado auditorías para garantizar una atención integral, y se han identificado hallazgos que requieren acciones inmediatas. La Supersalud continuará ejerciendo su labor de vigilancia y control para proteger los derechos de los usuarios y asegurar el uso adecuado de los recursos públicos destinados a la salud en La Guajira.
