ORDENA FALLO DEL JUZGADO
Ernesto Orozco, alcalde de Valledupar, aseguró que no ha sido notificado de la medida, pero igual lo respetará. Dijo que la orden de desalojo en predios invadidos es casi imposible de cumplir porque hay más de 30 mil personas afectadas.
A través de un fallo del Juzgado Quinto Civil del Circuito de Valledupar, se ordenó a la Policía Metropolitana hacer efectiva una sanción de tres días de arresto en contra del alcalde, Ernesto Orozco Durán, en hechos relacionados con el desalojo de invasiones que están asentadas en el municipio desde hace más de once años.
Los ocupantes ilegales, que consta de promedio de 800 familias, compuestas por 1.600 niños y 1.400 adultos hasta el 2011, se han negado a salir, incluso tienen viviendas construidas y argumentan no tener las garantías de mejoramiento por parte de la Administración Municipal, además de considerarse víctimas del conflicto armado.
Este proceso ha sido heredado por la actual administración municipal, incluso, el Juzgado se había pronunciado abriendo un incidente de desacato promovido por el abogado de los herederos de Alberto Pimienta Cotes para hacer cumplir la sentencia T-946 de 2011 de la Corte Constitucional, la cual señala que los ocupantes de dichas tierras son sujetos de especial protección constitucional.
Así las cosas, se le concedió el derecho a la vivienda digna a las familias asentadas en La Sabana I, ubicado en la vereda Los Cominos de Tamacal, y se ordenaba levantar la medida de desalojo.
El nuevo fallo indica además, los tres días de arresto una multa de cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes al alcalde, por no tomar las acciones necesarias para darle cumplimiento a la sentencia de tutela.
“NO HE SIDO NOTIFICADO, PERO RESPETO LA DECISIÓN”
Al conocerse la decisión, el alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco, se pronunció al respecto asegurando: “soy respetuoso de las decisiones judiciales y nos vamos a poner a disposición cuando nos notifiquen porque aún no lo han hecho. Es una sentencia de hace 11 años cuando las condiciones eran diferentes”.
Reiteró que se puede hablar de una masacre que afectaría a más de 30.000 personas, a “quienes no estamos en posición para llevar a cabo ese desalojo y estamos pidiendo ayuda al Gobierno nacional, porque la sentencia indica garantías de vivienda para las personas que están en el predio”.
Los abogados están analizando la manera jurídica de ayudar a estas personas aunque hay un derecho a la propiedad, hay víctimas de la violencia, ancianos, niños y es un problema nacional de todas las entidades, dijo el mandatario, quien agregó que considera poco viable la ejecución de la medida.
Exigen cumplir la sentencia T-946 de 2011 de la Corte Constitucional, específicamente en los predios La Sabana I, ubicado en la vereda Los Cominos de Tamacal.
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