La solicitud realizada por un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Cartagena, fue tenida en cuenta por un juez de control de garantías que impuso medida de aseguramiento a tres personas, presuntamente, responsables de los delitos de tentativa de homicidio, violencia contra servidor público y fabricación, porte o tráfico de arma de fuego.
La decisión judicial está relacionada con hechos ocurridos el pasado 25 de junio en el barrio Caño e Loro de la isla de Tierra Bomba (Bolívar). Allí miembros de la Policía Nacional fueron alertados sobre la presencia de tres personas, no nativas del lugar, quienes presuntamente intimidaban a los habitantes con un arma de fuego, al parecer, decían hacer parte del Clan del Golfo.
Ante la presencia de las autoridades, los supuestos delincuentes dispararon contra los uniformados. Durante el intercambio de disparos uno de los hombres resultó herido. Mientras los supuestos implicados huían fueron alcanzados por la Policía Nacional en una vivienda cercana. En su poder les fue encontrado un revólver, sin la documentación para su porte; además de nueve cartuchos del mismo calibre.
Los capturados fueron identificados como Francisco Javier Guerrero Núñez, Junier Manuel López Martínez, alias El Yunier y José Magardo Blanquicett Julio, alias Magardito. Ninguno aceptó los cargos imputados.
Los procesados deberán cumplir la medida de aseguramiento en la cárcel Ternera de Cartagena.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía General habla con resultados.
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MEVA/MAGA/PP/DSB
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
