Atendiendo una demanda de la procuradora ambiental Sara Pechtal, el Tribunal Contencioso Administrativo de San Andrés y Providencia decretó una medida cautelar de urgencia, ordenando a la la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres, dar inicio de manera inmediata al proceso de evacuación de los residuos sólidos que fueron generados para atender las afectaciones causadas por el paso del huracán IOTA, los cuales fueron depositados en los centros de acopio transitorios ubicados en diferentes sectores de la Isla para tal fin.
Para lo anterior, se deben emplear los medios adecuados que permitan que la evacuación se ejecute cumpliendo con las exigencias y requerimientos técnicos, haciendo la debida planificación, programación y cronograma para su traslado, lo cual deberá informarse a este Tribunal dentro del mes siguiente a la notificación de la presente medida cautelar. La destinación de los desechos debe hacerse en lugar distinto a la Isla de San Andrés.
El señor Alcalde velará por el estricto cumplimiento de esta orden, en tanto que se le ordena al municipio de Providencia y Santa Catalina a través de su representante, el señor Alcalde, para que proceda con el cierre contundente, urgente y definitivo de todos y cada uno de los Centros de acopio que fueron transitoriamente destinados como botadero a cielo abierto, en la emergencia del huracán IOTA, prohibiendo el ingreso o depósito de cualquier tipo de desechos a dichos lugares, a partir de la notificación de este proveído. Sobre el cumplimiento de esta orden, el representante de la entidad territorial de orden municipal deberá informar al Despacho en un plazo no superior a un mes.
La decisión hace parte de una demanda por el Medio de control de Protección de los Derechos e Intereses Colectivos, con radicado 88 001 23 33 000 2023 00038 00, donde obra como demandanteSara Pechthalt Procuradora 17 Judicial II Ambiental, minero energético y Agraria y demandados la Alcaldía del Municipio de Providencia y Santa Catalina,
Presidencia de la Republica; Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo sostenible; Ministerio de Vivienda y Construcción, Unidad Nacional del riesgo, Findeter, el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y obró como magistrado Ponente José María Mow Herrera.
El objeto de esta demanda es la protección de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano; la moralidad administrativa; la defensa del patrimonio público; la seguridad y salubridad pública; al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública; al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente; la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos, respetando las disposiciones jurídicas de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes, goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público, de conformidad a lo dispuesto en la Constitución Política y las leyes.
Bajo la emergencia declarada por el paso del huracán IOTA, se hizo necesario tomar medidas de mitigación a la problemática de saneamiento básico por la acumulación temporal de residuos sólidos ordinarios y especiales producto del desastre natural en áreas insulares, las cuales requerían de condiciones específicas y acciones inmediatas para el acopio o almacenamiento temporal, tratamiento y disposición final, asimismo acciones de corto plazo, acciones de recuperación temprana y una fase que incluyera la implementación de proyectos de gestión de residuos de desastre.
Es por ello, que las entidades encargadas de atender dicha emergencia encabezadas por la Presidencia de la República dentro del plan de atención decidieron destinar cuatro (4) puntos como sitios de acopia de los residuos especiales los cuales fueron ubicados en Sector Mc Bean, La Montaña, Sector Camp y Sector San Felipe.
Dentro del ejercicio de la función Preventiva de la Procuraduría se presentó el Requerimiento No. 511 fechado 17 de junio de 2021, suscrito por el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios donde se solicita la evacuación de residuos ordinarios y especiales de la Isla de Providencia con el fin de mitigar los efectos negativos ambientales.
Posteriormente y a través de requerimiento del 20 de enero de 2022 el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios alertó sobre la acumulación exponencial de residuos ordinarios y especiales en la isla de. Providencia y los riesgos del manejo inadecuado.
