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Según el órgano de investigación, el imputado fue el responsable de ir a reclamar las órdenes emitidas por las víctimas cuando fueron contactadas e intimidadas por los perpetradores.
A pedido de un fiscal especializado de la seccional Sucre, un juez dictó medida de embargo intramuros en contra de Daniela González Morales por el delito de extorsión agravada.
Durante las audiencias concentradas, se estableció que la hoy imputada habría reclamado las transferencias de dinero realizadas por las víctimas a las personas que las extorsionaron, al parecer desde el penal de Picaleña en Ibagué (Tolima).
Los hechos investigados ocurrieron el 13 de enero de 2022 en el municipio de Los Palmitos (Sucre), cuando el señor Adulfo Salcedo Torres, campesino de 76 años, fue intimidado mediante una llamada telefónica, quien le exigió a cambio no intentar su vida el depósito de $5,000,000 a favor del acusado.
El mismo día, la mujer habría reclamado a Ibagué la suma de 2.200.000 dólares que podría recibir la víctima. Sin embargo, el mayor siguió amenazándolo, argumentando que si no depositaba el saldo, atentarían contra su vida pues ya tenían toda su información y paradero.
Tras recibir la denuncia ante la unidad de investigación del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) del Gaula, se identificó la modalidad penitenciaria, se inició la investigación y el procedimiento judicial, determinando que las llamadas salieron del penal.
Servidores del CTI Sucre, adscrito al Gaula Militar, con el apoyo de personal de Infantería de Marina materializaron la orden de captura contra los imputados el pasado 27 de marzo, que avanza en Ibagué.
Tras comparecer ante un juez de garantías en Morroa (Sucre) y no haber aceptado la acusación, la mujer fue enviada a prisión. El acusado tiene múltiples notas en diferentes partes del país por el mismo delito.
VHGB/SD/FSJ/DSS
La fiscalía habla con resultados.
La información contenida en este comunicado de prensa corresponde a la narración de hechos objetivos de actualidad, brindados por los funcionarios encargados de realizar las investigaciones penales dentro de la Fiscalía General de la Nación. Al momento de la publicación de la presente comunicación, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolución por parte de la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7 de la Ley 906 de 2004.
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