El Banunció la incorporación de la valorización predial como mecanismo para recaudar fondos para financiar proyectos de infraestructura en el país. Pese al interés del Gobierno por buscar formas alternativas para la financiación, esta idea ha traído entre los conocedores del sector, muchas dudas e incertidumbre, incluso, califican que podría afectar la licitación de los proyectos de Quinta Generación (5G).
Analistas consultados por Portafolio reconocen el potencial de esta medida, destacan a la valorización predial como una buena idea, de la cual está facultada el Gobierno para iniciar el cobro, sin embargo, consideran necesario trazar un plan transparente que permita a los jugadores del sector (constructores y financiadores) para saber las reglas del recaudo, la meta y el cronograma de inicio.
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“Una vez se tenga claro cuál es el recaudo que efectivamente va a lograr se podría considerar en una estructuración como una fuente para pagar la financiación del proyecto de infraestructura (…) la Ley 105 de 1993 dice si en un contrato de concesión se tiene previsto unas fuentes para pagar la inversión y la financiación se tienen que respetar esas fuentes y no se pueden cambiar, y la valorización, para que pueda tener esa característica de una fuente, que genere certidumbre, es necesario que tenga claro cuántos recursos recauda para que se pueda tener en cuenta en el cálculo de los flujos de caja futuro del proyecto”, explica una fuente.
Reconoce que si bien el Gobierno tiene la facultad de implementar esta herramienta, debe hacerse de manera organizada y para proyectos únicamente que están en etapa de estructuración.
Vías 5G
“La valorización efectivamente es una fuente posible de recaudo de recursos para financiar infraestructuras va desde la Ley 105 del 93 como lo ha dicho el propio Gobierno pero, es importante distinguir entre los proyectos ya firmados y los que estarían por firmar. Muchos de los 5G que ya empezaron (Troncal del Magdalena 1 y 2, Buga – Buenaventura y el canal del dique, entre otros) contemplan dos fuentes principales que son vigencias futuras o sea dineros del presupuesto que se van pagando año a año y otras que paga el Estado para pagar esas obras que le entrega el sector privado y la operación mantenimiento y las otras son el cargo al usuario que son las tarifas de peaje, eso ya está establecido”, menciona un experto.
Explica el analista que la Ley 105 respalda la seguridad de mantener estos mecanismos en el contrato.
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“La ley dice que cuando en un contrato de concesión se establece cuál es la fuente de retribución del inversionista del concesionario se debe respetar esa fuente y no se puede cambiar a menos que haya un consenso una voluntad expresa”, reconoce.
Si bien el Gobierno ha dicho que su intención no es irse por ‘vías de hecho’, sino efectivamente llegar a acuerdos con las concesiones, el experto considera que lanza mensajes que podrían perjudicar el panorama tanto constructor como inversionista, sobre todo teniendo en cuenta que el Gobierno alista un portafolio de proyectos 5G por cerca de $ 150 billones.
Vías 5G
“Cuando se abra la licitación, tienen que haber proponentes, pero si no hay confianza, puede que no existan porque hay mucha incertidumbre. Es tanto el dinero que hay que colocar, que hay falta de certeza sobre mantener y preservar las fuentes, particularmente las vigencias futuras y las tarifas de peaje que puede que no hayan proponentes en la licitación, o puede que, incluso habiendo un proponente y un adjudicatario, los financiadores vean muy riesgoso colocar ahí el dinero y no cierren los modelos financieros y eso generará la terminación anticipada del contrato”, advierte el experto
“Es inconveniente para la seguridad jurídica del sector plantear que, por ejemplo, los peajes o las vigencias futuras de contratos ya firmados sean sustituidos por una fuente que se llama valorización respecto de la cual hoy no se conoce cuál es su verdadera capacidad de recaudo y para llegar a eso falta mucho tiempo”, explica.
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Según plantea, se debe pasar por un proceso de actualización catastral como primer paso, además que se garantice el recaudo, pues la misma ley permitiría hacerlo en un plazo de hasta cinco años y de diferentes formas.
“No se sabe si vaya por vaya a ver un problema de cartera de morosidad por parte de los propietarios. Son muchas inquietudes mucha incertidumbre para considerar que hoy la valorización puede sustituir una fuente”, dice el analísta.
Vías 5G
El punto de la discusión entonces sería cuestión de tiempo. Los analistas consideran que llevando un orden a futuro será claro el plan, y con certidumbre, es más sencillo para los actores de la cadena tomar decisiones.
“Lo que permite dar confianza, dar tranquilidad en una relación de largo aliento, es que se preserven las reglas de juego, es decir, la seguridad jurídica que se expresa en los contratos en los que las partes en algún momento del tiempo acordaron que iba a ser su relación durante 30 años y que se respete esa relación por parte de la parte pública”, cierra.
PAULA GALEANO BALAGUERA
Periodista de Portafolio
