Supersalud indicó que cada día de este año cerca de 3.500 ciudadanos en toda Colombia han utilizado los diferentes canales de la Superintendencia Nacional de Salud para quejarse contra las EPS por temas como la no entrega de medicamentos, negación a un tratamiento o porque no hay agenda disponible cuando solicitan una cita con el médico general o con algún especialista.
El estado de insatisfacción de los usuarios viene imparable desde hace varios años, pero entre enero y octubre de este 2022 ya se rebasó la cifra del millón de quejas -1.043.026-, un aumento de 26% frente al mismo periodo del año anterior es decir que cerca de 145 usuarios ponen una queja formal contra el sistema de salud.
Los 10 territorios donde se observa la mayor criticidad por la cantidad de problemáticas son: Bogotá (22% de las quejas), Antioquia (16%), Valle (14%), Santander (5.3%), así como Bolívar, Atlántico, Guaviare, Vaupés, Risaralda, Vichada y Chocó.
Y como Vichada no va estar en la lista, si es normal observar largas filas en los hospitales y EPS presentes en el Vichada para conseguir citas y muchos usuarios indican que es algo inhumano que una persona enferma tenga muchas veces que madrugar para conseguir una, y donde muchas veces no lo consiguen, también es algo cotidiano que algunos pacientes tengan que soportar hasta meses para un traslado arriesgándose a que el estado de salud empeore.
Ante esta situación que atraviesa Vichada y otros departamentos, la actual Superintendencia prendió las alertas por esta crisis que recibió y por ello desde finales de octubre inició una estrategia de inmersión en los 10 territorios más críticos del país, contando Vichada, para llamar al orden a las EPS, requerir su participación en mesas de intervención focalizadas, establecer diagnósticos con los actores regionales y delinear planes de choque que den solución pronta al malestar de los pacientes.
Los llamados al orden del ente de control buscan que las EPS cumplan con el aseguramiento, la afiliación y la prestación de los servicios a los usuarios. Dice que la normatividad es clara en fijar las obligaciones del aseguramiento y no admite una aplicación discrecional o condicionada.
