Representantes de víctimas del conflicto armado en Antioquia, Risaralda, Caldas y Quindío, junto con sus organizaciones, participaron en un foro macrorregional con el objetivo de contribuir a las reformas de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.
Tras lograr la prórroga de la Ley hasta 2031, el enfoque ahora se centra en fortalecer y reformar las medidas de atención y reparación para más de 9.5 millones de víctimas registradas hasta la fecha. Con el propósito de aportar propuestas desde las regiones más afectadas por la violencia, los delegados y sus organizaciones participan en varios foros coordinados por la Unidad para las Víctimas, previos a la presentación del proyecto de reforma al Congreso en la próxima legislatura.
En el encuentro realizado en Medellín, más de 60 delegados de organizaciones y mesas departamentales de participación representando a cerca de dos millones de víctimas en Antioquia, Risaralda, Caldas y Quindío, coincidieron en la importancia de fortalecer los modelos operativos de reparación individual y colectiva, así como los procesos de retornos y reubicación de desplazados. También destacaron la necesidad de corresponsabilidad de las más de 50 entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV).
«La incidencia en la política pública de víctimas debe responder a las necesidades de cada territorio y lograr recursos autónomos para evitar la dependencia del Estado», afirmó Senith López Herrera, delegada de la mesa de participación de víctimas de Caldas.
El proyecto de reforma busca aprovechar la próxima elección de nuevos gobernadores y alcaldes para la inclusión en los planes de desarrollo nacional, departamentales y municipales, como parte de la construcción de paz en el país.
Desde su implementación hace 12 años, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras ha logrado avances significativos, incluyendo el pago de indemnizaciones, ayuda humanitaria, proyectos de infraestructura comunitaria, planes de reparación colectiva y retornos y reubicación de desplazados. Sin embargo, los representantes de víctimas destacan la necesidad de hacer ajustes en la parte operativa de la entidad para una reparación más eficiente en todos los frentes.
Las propuestas también se enfocan en priorizar las rutas de reparación para hechos victimizantes graves, como los delitos sexuales contra mujeres y sus hijos, así como la persecución de bienes de grupos armados ilegales con destino al Fondo de Reparación.
En general, se busca conservar lo positivo de la Ley y realizar reformas clave que impulsen cambios reales en las condiciones de vida de la población víctima, promoviendo una verdadera incidencia en aspectos como la coordinación y operatividad de la política pública y la progresividad en la reparación.
El director territorial de la Unidad del Eje Cafetero, Luis Eduardo Torres Ramírez, resaltó la importancia de la superación de barreras institucionales y la coordinación efectiva para lograr una política pública más efectiva y centrada en la progresividad.
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