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La secretaria del Interior del departamento señaló en la sesión de la Asamblea Departamental de este martes que, que esta localidad magdalenense no tiene aprobado por parte del gobierno nacional el concepto para los recursos de seguridad.
En el debate sobre la inseguridad en la Asamblea del Magdalena, los diputados discutieron con funcionarios de la gobernación, la fuerza pública, la defensoría regional y la procuraduría, las estrategias implementadas para mitigar la criminalidad en la región, como también las soluciones propuestas para combatir a los grupos al margen de la ley, no obstante se conoció por parte de la gobernación que el municipio de Zona Bananera, no tiene aprobado el concepto de seguridad.
Según la Ley 2197 de 2022 y el Concepto 102231 de 2023 del Departamento Administrativo de la Función Pública, la localidad no puede solicitar asignación de recursos presupuestales para la seguridad, haciéndolo uno de los más vulnerables por su poco pie de fuerza para controlar las bandas delincuenciales.
Cabe resaltar que, en la sesión participaron funcionarios de la administración departamental y representantes de diferentes entidades, entre los citados se encuentran Nayara Vargas, secretaria del Interior del departamento y titular de la Oficina de Paz de la Gobernación del Magdalena, y Pedro Pablo Molinares, defensor del pueblo. También asistieron Celia Soto Noguera de la Procuraduría Regional, Audes Jiménez, directora territorial de la Unidad de Víctimas, y Lerber Dimas, director de la Plataforma de Defensores de Derechos Humanos de la Sierra Nevada de Santa Marta (PDHAL).
Así las cosas, la secretaria del Interior del departamento y titular de la Oficina de Paz de la Gobernación del Magdalena, Nayara Vargas, fue la primera que empezó su intervención, resaltando que, se han logrado destacados avances en materia de seguridad y que se debe buscar articuladamente con el gobierno nacional reducir, los índices de violencia en el departamento.
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Otro de los temas abordados por la jefe de cartera fue, la obra de la Cárcel de Sabanas de San Ángel, y su estancamiento, pues según Vargas, los fondos para culminar la obra dependen del Ministerio de Justicia, y que a razón de esto la gobernación no puede cubrir el valor total de esta megaobra que planea albergar a una gran cantidad de reos, es importante acotar que la construcción de esta infraestructura lleva pausada más de tres años.
Por otro lado, el delegado de la Defensoría del Pueblo, Jacobo Gutiérrez Buelvas, destacó que en el departamento se han llevado a cabo 76 jornadas de atención dirigidas a la población confinada por desplazamiento forzado o en riesgo de padecerlo, durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2023 y mayo de 2024.
Según indicó Gutiérrez Buelvas, durante estas jornadas se atendieron un total de 2.072 víctimas, de las cuales 1.619 fueron mujeres, enfocándose especialmente en sus necesidades específicas mediante un enfoque de género. Además, según lo indicado por Gutiérrez, se emitieron 547 oficios para incidencia y seguimiento de políticas públicas destinadas al restablecimiento de derechos de la población en desplazamiento forzado.
Igualmente, José Mario Romero, en representación de la Unidad para las Víctimas en el departamento, intervino en el debate sobre seguridad que se lleva a cabo actualmente. Esto tuvo lugar durante la sesión que abordó los temas de seguridad y las estrategias implementadas por las autoridades para mitigar los actos delictivos en la región.
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“Hemos atendido tres emergencias humanitarias en el departamento. Una ocurrió en el municipio de Aracataca, donde 10 familias fueron desplazadas al distrito de Santa Marta y recibieron atención a través de la alcaldía en coordinación con la Unidad para las Víctimas. Igualmente, se presentó otra situación en el municipio de Ciénaga, específicamente en el corregimiento de Palmor, vereda Uranio, donde 200 familias indígenas, unas 1,600 personas en total, estuvieron confinadas en la parte alta de la Sierra Nevada. Estas personas fueron atendidas por la Defensoría del Pueblo, la Alta Consejería para la Paz y la Unidad de Víctimas, y se les está haciendo seguimiento para la entrega de ayudas humanitarias.
Además, otra situación se dio en el mismo sector de la vereda Uranio, donde enfrentamientos entre grupos armados ilegales causaron el desplazamiento masivo de 26 familias, afectando a alrededor de 52 personas. Estas familias fueron atendidas en una misión humanitaria”, señaló José Mario Romero, delegado de la Unidad para las Víctimas en el Magdalena.
Finalmente, el Brigadier General Royer Gómez Herrera, comandante expuso en el recinto que, para el departamento del Magdalena, se anunció que van a llegar cuatro pelotones de soldados profesionales para ampliar el pie de fuerza en el departamento.
