El comercializar los productos adulterados tiene una sanción que alcanza las 15 veces el impuesto dejado de pagar, más el impuesto que no se canceló.
Un total de 40 establecimientos de comercio ubicados en todo el departamento de Risaralda, han sido cerrados por el equipo operativo de la Dirección de Fiscalización y Gestión de Ingresos de este ente territorial, por distribuir licor adulterado.
Esta es una de las consecuencias que acarrean los propietarios que se atreven a producir o comercializar productos adulterados, ya que con el cierre del establecimiento también se vienen consecuencias pecuniarias que son bastante elevadas.
De acuerdo con el Estatuto de Rentas que se aplica en el Departamento de Risaralda, un propietario que incurra en este delito debe pagarle a la Gobernación de Risaralda una sanción que alcanza las 15 veces el impuesto dejado de pagar, más el impuesto que no canceló.
Pero la consecuencia más grave que debe asumir un productor o vendedor de un licor adulterado es la investigación penal, por la que tendrá que responder ante la Fiscalía General de la Nación, ya que el Gobierno Nacional obliga a los departamentos a informar inmediatamente estos casos que atentan contra la vida y salud de una persona.
Se hace un llamado a los propietarios a que no jueguen con la vida de las personas al vender productos que no son aptos para el consumo humano, y a que valoren la reputación de sus negocios vendiendo productos legales.
