Al parecer, presentaron y lograron el pago de cuentas de cobro sin tener ningún vínculo contractual o laboral con la entidad.
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a 13 personas señaladas de participar en la desviación ilegal de 1.800 millones de pesos de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira).
Las investigaciones dan cuenta de que habría sido presentadas y tramitadas cuentas de cobro sin que existiera un vínculo laboral o contractual con la institución. En ese sentido, los hoy procesados, al parecer, recibieron en sus cuentas bancarias pagos por actividades y servicios que nunca se prestaron.
Por estos hechos, la Fiscalía imputó los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público a: Mónica María López Dangond, Marta Cecilia García Rangel, Brthany Bissett Bautista, Lizyani González de Luque, Merlín Johana González Redondo, Pamela Nertih Peralaya Moscote, Yajaira Epiayú Uriana, Ramiro Antonio Bautista Martínez, Fabio Andrés López Suárez, Claro Miguel Socarrás Ramírez, Alan David Bautista García, Javier Alfonso Fragozo Daza y Cristian Andrés Roys Brito.
Estas 13 personas recibieron medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.
De acuerdo con el material probatorio recaudado, el entramado ilegal presuntamente fue dirigido por un funcionario que falleció. También estaría involucrado el extesorero de Corpoguajira, Ramón José Aguilar Blanco, quien fue imputado y cumple medida de aseguramiento.
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La Fiscalía habla con resultados.
EDH/CFG/JARG/DMNF/DSG.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
