EN EL CESAR
Juan Pablo Castillo Esper, de 50 años, murió en un intercambio de disparos entre los secuestradores y la fuerza pública.
La Fiscalía General de la Nación, impuso medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre un inmueble que habría sido usado por una estructura delincuencial para mantener secuestrada a una persona, durante 114 días en una vivienda ubicada en zona rural de Río de Oro, Cesar.
El 28 de febrero de 2020, un grupo armado se llevó contra su voluntad a Juan Pablo Castillo Esper, de 50 años, propietario de una finca ubicada en la vereda Santa Lucía de San Martín (Cesar). Posteriormente, los familiares de la víctima recibieron llamadas en las que un hombre, que se identificó como integrante del frente Camilo Torres del ELN, les exigió el pago de 2.500 millones de pesos por la liberación de su ser querido.
Finalmente, murió durante un intercambio de disparos entre los secuestradores y la fuerza pública. En el lugar fueron capturados varios de los presuntos delincuentes. El inmueble donde estuvo encerrado el finquero fue ocupado y quedará a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), informó Liliana Patricia Donado, directora especializada de extinción de dominio de la Fiscalía.
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