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El sistema presenta una reducción de la oferta de servicios de nivel primario y la calidad.
La misión del gobierno nacional es promover y lograr la atención plena en salud para todas las personas, independientemente de su raza, religión, género, ideología política o condición económica y social.
El acceso a la salud es un derecho humano que preserva la seguridad mundial y reivindica la dignidad de toda la población, en tanto la totalidad de los seres humanos somos, de una manera u otra, vulnerables.
El sistema de salud en Colombia, en teoría, procura cumplir con tres finalidades esenciales: mejorar la salud, generar una experiencia de atención apropiada a los ciudadanos y proteger a los mismos contra los efectos económicos negativos derivados de la enfermedad.
En ese sentido, se debe fortalecer el sistema de salud como garantía de un derecho fundamental y de un servicio público esencial. Fortalecer implica considerar una praxis a la altura de retos sociales, económicos, políticos y culturales. Los problemas y retos para Colombia son enormes y se sintetizan a continuación.
Actualmente, el sistema presenta una reducción de la oferta de servicios de salud de nivel primario y una disminución sostenida en la calidad. El mejor desarrollo de servicios primarios se encuentra en las grandes ciudades y en el régimen contributivo, lo que deja por fuera del acceso a la calidad a un buen sector de la población vinculado al precario sistema subsidiado; tradicionalmente, la puesta en marcha de políticas públicas del gobierno nacional no ha llegado a los gobiernos regionales, dejando marginados y rezagados a los territorios periféricos y a las personas con bajos ingresos económicos.
En los dos últimos años, de las 14 EPS existentes en el régimen contributivo, nueve se encontraban estables y cumplían requisitos de solvencia; al día de hoy, tres de ellas ya se han liquidado (Cruz Blanca, Coomeva, Medimás) y hay otras dos aún en riesgo (SOS, Comfenalco Valle).
De las 30 EPS del régimen subsidiado, en los dos últimos años se han cerrado nueve y solo seis permanecen aún viables (Mutual Ser, Co salud, Nueva EPS, Cajacopi, Anaswayu, CCF Chocó). El resto, 15 EPS, son patrimonialmente inviables, 11 de ellas con medida de vigilancia especial de la Superintendencia Nacional de Salud, dos de ellas con plan de recuperación (FND, 2022).
Los datos prueban que el sistema de salud colombiano ha tenido más fracasos que éxitos. Son los empresarios de la salud quienes realmente se están beneficiando del modelo y no las personas que lo demandan.
Aunque el gobierno actual parece estar planteando alternativas, hasta el presente los mecanismos e instancias de gobierno sectorial e intersectoriales están inactivos y existen claras deficiencias en la coordinación e integración de las acciones. Un ejemplo de ello es la baja participación articulada de actores en la formulación de procesos de planeación necesarios para el buen gobierno de las políticas.
El modelo de Estado centralista viene perdiendo legitimidad, las instituciones son cada vez más débiles y más pasivas a la hora de actuar. Las regiones claman ser escuchadas y tenidas en cuenta a la hora de decidir sobre cómo solventar las urgencias sanitarias, que se expresan no solo en la magra atención a la enfermedad física y mental sino en la falta de estrategias de prevención.
Nuestra débil salud pública es el reflejo del vergonzoso desconocimiento sociológico, cultural y político que ha tenido el Estado sobre la enfermedad como construcción social.
Son varios los obstáculos que impiden que los ciudadanos ejerzan su pleno derecho a la salud. Hay muchas personas en Colombia que no están afiliados al sistema por no tener la capacidad económica de cotizar, lo paradójico es que tampoco tienen derecho a un subsidio. Pareciera que los únicos colombianos que pueden reclamar sus derechos son aquellos que viven en el centro del país o tienen capacidades económicas medias y altas.
A su vez, el precario sistema subsidiado da la impresión de ofrecer una amplia cobertura; una población significativa tiene el carné de afiliación, pero la atención se limita a llenar las salas de espera sin dar paso eficaz a consultas, exámenes y tratamientos.
Miles de colombianos no pueden acceder a los servicios porque los municipios donde residen ni siquiera tienen una oferta primaria en salud, debido a la pobreza en la que viven. A otros les niegan el servicio, debido a que sus EPS han cancelado los contratos, generalmente por incumplimiento de pagos. No es justo que quienes paguen los platos rotos de las malas administraciones sean los usuarios, la personas, el pueblo.
“Nuestra débil salud pública es el reflejo del vergonzoso desconocimiento sociológico, cultural y político que ha tenido el Estado sobre la enfermedad como construcción social”.
Existe una percepción de falta de transparencia en el sector que no es gratuita. Los casos de corrupción y la mala gestión han deteriorado la legitimidad y la confianza en el sistema, lo que provoca una baja reputación y un descontento social que sigue creciendo con el paso de los días. Además, entre los propios agentes del sistema: EPS, IPS, profesionales médicos, proveedores de todo tipo, las relaciones comerciales y contractuales, están marcadas por una percepción de desconfianza, provocada por acciones de deshonestidad advertida en las relaciones de negocios (FND, 2022).
En suma, este es el resultado de un modelo basado en la acumulación y el lucro y no en el cumplimiento de derechos.
La mayoría de hospitales públicos en Colombia son económicamente inviables; existen bajo un déficit operacional persistente y en riesgo financiero alto. El hecho de que estos tengan como fuente de financiamiento principal las EPS del régimen subsidiado de salud, y que la mayoría de estas se encuentren en una situación de bancarrota, hace que los hospitales no solo tengan dificultades notorias, sino que no pueden lograr acuerdos comerciales en los cuales no estén en una relación de desventaja.
No está de más recordar que hay EPS que están bajo la lupa de la Contraloría General por ocuparse de intereses muy distintos a los del cuidado de la salud de sus afiliados.
Los hospitales públicos dependen también, en gran medida, de los entes territoriales, gobernaciones y alcaldías, los cuales no cuentan con el fisco suficiente para cubrir gastos de servicios en salud de calidad.
No es equivocado decir que el centralismo de los recursos de la nación en materia de salud genera desigualdades e injusticias a lo largo y extenso de nuestro país, pues en Bogotá se desconocen las necesidades reales de los territorios que, también valga aclarar, están cubiertos por la jurisdicción del Estado.
El gobierno nacional pasa por encima de la Constitución y nadie parece levantar la voz, se siguen asignando competencias a las entidades territoriales sin recursos previamente asignados. A la vez, son los entes territoriales, a pesar de su limitado presupuesto, quienes no han dejado colapsar el sistema de salud en Colombia.
Para menguar la problemática del sistema de salud se proponen una serie de acciones: garantizar los recursos para que los hospitales públicos puedan recibir la financiación necesaria para una prestación de servicios digna. Las secretarías de salud departamentales y municipales no cuentan con los recursos suficientes para atender las necesidades de la población, en ese sentido es urgente una descentralización fiscal en favor de nuestras regiones.
Finalmente, el modelo de aseguramiento de la salud debe reformarse para unificar los regímenes subsidiado y contributivo en aras de tener un país más equitativo y con servicios de calidad; equitativo en el sentido que todos gocemos de los mismos beneficios, sin importar la capacidad de pago; de calidad en el sentido que todos, por derecho propio, tengamos acceso a tratamientos, procedimientos y medicamentos de calidad y alta tecnología. El que tiene salud, tiene esperanza y el que tiene esperanza, lo tiene todo en la vida.
En últimas, ¿está el sistema más enfocado en el negocio que en la salud?
PABLO JARAMILLO ARANGO
Candidato a Doctor en Estudios Políticos y Jurídicos
