La retención de las víctimas se dio en su propia casa de donde los procesados habrían hurtado dinero en efectivo y objetos de valor.
Un fiscal especializado delegado ante el Gaula logró que un juez con función de control de garantías de Agrado (Huila) impusiera medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro penitenciario contra Davirson Arley Ramos Romero y José Fernando Díaz Santacruz.
El trabajo articulado entre la Fiscalía General, el Gaula de la Policía Nacional y del Ejército Nacional, permitió establecer que los procesados estarían implicados en el secuestro de varios integrantes de una misma familia a la cual; además, le hurtaron 8 millones de pesos en efectivo, un anillo de oro y una pistola, entre otros objetos de valor.
Los delitos habrían sido cometidos el 29 de junio pasado cuando los procesados, al parecer, ingresaron a la residencia de las víctimas, ubicada en Agrado (Huila). Según se logró establecer, las personas judicializadas encerraron y amordazaron a los ocupantes de la vivienda mientras, presuntamente, cometían el hurto.
También se logró determinar que ocho días después de ocurrido el delito, los implicados habrían regresado al lugar con panfletos que, supuestamente, los vincularían con el grupo armado ilegal conocido como Comandos de La Frontera que delinquiría para las extintas Farc-Ep.
En esta oportunidad los residentes del lugar habrían sido amenazados de muerte en caso de que no cumplieran las exigencias económicas que les serían hechas. La comunicación entre las víctimas y los presuntos delincuentes se planteó a partir de una línea de celular.
En una de las llamadas se habría exigido el pago de 50 millones de pesos a cambio de no asesinar a una persona del núcleo familiar, valor que finalmente fue pactado en 10 millones de pesos que acordaron pagar las víctimas a los procesados.
Estos hechos fueron denunciados por las víctimas lo que permitió desplegar los mecanismos necesarios que terminaron con la captura en flagrancia, el pasado 27 de julio, de Ramos Romero y Díaz Santacruz, cuando recibían el dinero, al parecer, producto de la extorsión.
La Fiscalía imputó a los procesados como presuntos responsables de los delitos de secuestro simple, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, extorsión consumada con circunstancias de agravación punitiva, extorsión tentada con circunstancias de agravación punitiva tentada y hurto calificado y agravado.
Ninguno de los procesados aceptó su responsabilidad en los cargos.
La Fiscalía publica esta información por razones de interés general.
LMGM/MAGA/ AMCA
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
