Una acción conjunta de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) permitió el secuestro y la toma de posesión, con fines de extinción del derecho de dominio, de cinco bienes urbanos y cinco establecimientos de comercio, que habrían sido utilizados por una red delictiva para comercializar y almacenar medicamentos de alto costo falsos y otros de contrabando.
La actividad lícita fue denunciada por un laboratorio farmacéutico, que alertó sobre la venta en diferentes ciudades del país de productos en malas condiciones y que no tenían las características originales de los tratamientos para enfermedades crónicas.
Durante el proceso se constató que la organización delincuencial, al parecer, obtenía los medicamentos vencidos o deteriorados, les alteraban los registros de fabricación, las fechas de vencimiento y otros mecanismos de identificación para, posteriormente, distribuirlos a menor precio en droguerías, diversas entidades o reingresarlos al sistema de salud.
En ese sentido, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares a los bienes que, supuestamente, estuvieron al servicio de todo el andamiaje ilegal en Armenia (Quindío), Medellín (Antioquia), Barranquilla (Atlántico) y Bogotá.
Las propiedades afectadas, cuyo valor se acerca a los $1.880 millones quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración.
La Fiscalía publica esta información por razones de seguridad.
MAGA/JARG/JEPA/LPDS/MRC
La Fiscalía habla con resultados.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
