La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), junto con las familias víctimas, recolectaron durante tres años información alrededor de todo lo que ha sido el conflicto armado, y lo que sus actores han dejado a la memoria, reconstruyendo un documento de narrativas, de sucesos, de historias y de relatos, con el objetivo caminar hacia la paz, la verdad, la reconciliación y la no repetición.
Tal vez la finalidad central de esta union ente autoridades, organizaciones defensoras de derechos humanos y grupos de investivacion, es “lograr la pronta localización, identificación y entrega digna de las y los desaparecidos en el departamento de Guaviare y en la Provincia de Lengupá de Boyacá”, según indicó el consolidado del Informe de la UBPD, titulado “Desaparición forzada en Guaviare y Boyacá: consolidadndo el protagonismo de familiares y la cominidd en la implementación territorial del mandato de la UBPD”.
En un trabajo mancomunado, entre victimas, y corporaciones como la Corporación Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, COSPACC, la Corporación para la Vida, la Paz y el desarrollo sostenible ‘VIDA-PAZ’, CINEP, y el Programa por la Paz, se pudieron adelantar “jornadas de prospección, localización y de georreferenciación de lugares de disposición de cadáveres y de posibles lugares estratégicos de ocultamiento de cadáveres por parte de los actores armados”.
El proyecto fue financiado por la Embajada de Países Bajos y el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ).
“Esta experiencia evidencia la importancia que tiene el trabajo articulado entre las instituciones del Estado y la coordinación con las organizaciones sociales defensoras de Derechos Humanos con trabajo en los territorios y en particular con familiares de víctimas de desaparición forzada. De esta forma, se puede llegar con mayor facilidad a las comunidades apartadas con difícil acceso, por medio de la generación de puentes con la institucionalidad. Es así como se construye mayor confianza hacia las instituciones y se logra la participación directa y efectiva de las víctimas”, explica el informe.
La Alianza de las organizaciones de la sociedad civil defensoras de Derechos Humanos desde el año 2018 conformada por CINEP/PPP, el Colectivo OFB, Corporación Vida-Paz y COSPACC en la ejecución del proyecto denominado ‘Consolidando El Protagonismo De Familiares Y Comunidades En La Implementación Territorial Del Mandato De La UBPD” ha podido realizar acompañamiento a las víctimas de desaparición forzada en las rutas de exigibilidad de derechos.
Con las víctimas y comunidades, la Alianza pudo realizar talleres de capacitación y ejercicios pedagógicos sobre el Acuerdo de Paz, el SIVJRNR, junto con la realización de jornadas SIRDEC o Jornadas de Atención Integral a Víctimas de Desaparición Forzada en los municipios de San José del Guaviare, El Retorno y Calamar, y en la provincia de Lengupá en Boyacá, territorio conformado por los municipios de Miraflores, Páez, San Eduardo, Berbeo, Campohermoso y Zetaquira.
“Esta alianza permitió a las organizaciones sociales construir con las comunidades y familiares víctimas de desaparición forzada una relación de confianza, la cual permitió el dialogo, la cercanía a sus historias, el conocimiento de la información sobre casos de familiares desaparecidos y sobre los lugares donde posiblemente podrían estar. De igual forma, brindar a las familiares víctimas de desaparición forzada y a las comunidades el apoyo con asesoría jurídica, psicosocial y capacitación para el fortalecimiento del tejido social, de resolución pacífica de conflictos y acciones encaminadas a la construcción de una paz estable y duradera en el marco del pos acuerdo”, indica una de las conclusiones del arduo trabajo de investigación, inmersión, diálogo y memoria.
Sen el analisis, “esta relación de confianza, permitió que los familiares, lideresas y líderes comunales y comunitarios con quienes se realizó el trabajo, pudieran compartir información sobre diferentes casos de desaparición forzada que ocurrieron en sus veredas y/o en algunas rutas».
En contexto, la investigación explica que “los años 80’s y 90’s estuvieron marcados por la presencia paramilitar. Los fundadores de las Autodefensas Campesinas de Casanare (ACC) son oriundos de Páez y ejercieron control territorial a partir de prácticas violentas por lo largo y ancho de la Provincia”.
Agregan que “este breve contexto de la Provincia es causa de un fuerte deterioro del tejido social. El miedo y la desesperanza aprendida son guardias del silencio. El papel de las instituciones es negacionista e indiferente y perpetúan un ciclo en el que las víctimas son revictimizadas. El proyecto “Desaparición forzada en Guaviare y Boyacá: Consolidando el protagonismo de familiares y comunidad en la implementación territorial del mandato de la UBPD” ha abierto la posibilidad de reconstruir el tejido social a partir de la solidaridad, la participación activa y la escucha”.
Además, en el informe publicado que consta de 11 páginas, se escribe una fuerte crítica para que sea resuelta por parte de las instituciones encargadas del proceso de verdad, reparación, y no repetición de los hechos causados por el conflicto armado en el país.
“De los casos documentados, es evidente la inoperancia de instituciones del Estado que no han atendido sus denuncias, que no recepcionan su documentación y que impiden el acceso a la justicia. La documentación y acción de exigencia institucional abren la posibilidad para el 2021 que más familiares se sumen a este proceso en el que la atención eficaz y la búsqueda e identificación sean la prioridad. La invitación a familiares de personas desaparecidas es a sumarse a estos procesos en los que se puedan tramitar los dolores propios de la ausencia y se genere organización alrededor de las exigencias de atención, identificación y búsqueda”, concluyó la alianza por la Desaparición Forzada en el Guaviare y Boyacá.
De manera desgarradora, el ejercicio juicioso de la recolección de datos en el terreno donde se reportaron los casos de desaparición, explica que: “la topografía y el paisaje majestuoso de la Provincia guardan en sus suelos cuerpos sin identificar, vidas e historias de familias que les buscan y extrañan, que no descansan bajo la zozobra que dejan las desapariciones forzadas: ¿qué le pasó? ¿dónde está? Ante esta realidad, la solidaridad es el hilo y la puntada para la recomposición del tejido social, en el que se motiva la participación a través de la identificación de lugares que, como el Alto de La Buenavista, para actores armados como los paramilitares en los 90’s y principios de 2000 fue un botadero en el que se lanzaron cuerpos humanos”.
Con ese panorama y “ante la barbarie, se han desarrollado siete peregrinaciones en este lugar característico de la cruda y cruel violencia que sucedió en la Provincia, en la que se generan exigencias y propuestas de reparación colectiva, así como la invitación de señalar aquellos lugares conocidos por ocultar cuerpos de personas sin identificar”.
Por su parte, se describió lo sufrido en el departamento del Guaviare, “epicentro del conflicto armado durante varias décadas, especialmente, en la década de los años 80’s y 90’s y la década del 2000”.
Sobre este se destacó que “Por ser un departamento, donde se desarrolló la economía ilegal de los cultivos de hoja de coca para uso ilícito, y por ende los eslabones primarios del narcotráfico (cultivo, procesamiento de la pasta base de coca y el comercio local tanto de los precursores químicos para el procesamiento de la base de coca, como de la misma pasta de coca). Así como un territorio donde hicieron y hacen presencia varios frentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias- Ejército del Pueblo (FARC-EP) y a partir del año 1997, la presencia de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), provenientes del departamento de Córdoba y el Urabá Antioqueño”.
En contexto, los investigadores señalaron en su bitácora, que “los actores armados que históricamente han hecho presencia en el departamento del Guaviare, han sido en primer lugar los narcotraficantes quienes desde la década de los años 70’s generaron violencia y durante mucho tiempo victimizaron a la población, a través de asesinatos o los denominados ajustes de cuentas; fueron estas dinámicas las que justificaron la llegada al territorio de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo (en adelante FARC-EP), quienes arribaron a comienzos de la década de los 80’s, entrando por la región del río Guayabero, caracterizada por ser una región histórica por su cercanía con La Macarena, Meta y en particular por la región del Pato Guayabero, lugar referente en los orígenes de esa insurgencia”.
Lo anterior dejó secuelas y heridas a reflexionar: “se estima que las cifras que tienen las instituciones y las organizaciones de la sociedad civil son un subregistro de la situación del departamento, especialmente, con los casos de violencia sexual contra las mujeres y la desaparición forzada. Esto es consecuencia del terror que estos actores armados impregnaron en sus víctimas, la estigmatización social e institucional al que lamentablemente en la mayoría de los casos eran sometidas las víctimas como una forma de revictimización y de escarnio público, el cual conllevaba a que las víctimas tuvieran miedo y desconfianza para denunciar”.
Finalmente, hacen un llamado a los actores sociales pues, en campo se determinó que “es importante resaltar que la sociedad civil a través de las organizaciones sociales y de víctimas han cumplido un papel importante y estratégico especialmente en la implementación del punto cinco del Acuerdo de Paz, a través de ejercicio de pedagogía sobre el funcionamiento del SIVJRNR y del mandato de los tres mecanismos, especialmente de la UBPD, a través de la metodología de talleres, y actividades que han permitido compartir con las víctimas de desaparición forzada y con referentes sociales y comunitarios claves en el territorio en los procesos de búsqueda y localización de sus seres queridos”.
En conclusión, el ejercicio realizado “con toda seguridad ha contribuido para que los tres mecanismos puedan encontrar comunidades con niveles de conocimiento sobre sus objetivos, sus mandatos y funcionamiento. Lo anterior, a partir del establecimiento de relaciones de confianza, permitiendo compartir la información sobre los hechos de violencia y violaciones a los Derechos Humanos con ocasión al conflicto armado, la desaparición de sus familiares, posibles lugares de enterramiento de cadáveres, información sobre los presuntos responsables y así iniciar los procesos de búsqueda en el departamento”.
