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En las reuniones llevadas a cabo por la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca en Santa Marta, Ciénaga, Plato, se ofreció la oportunidad para atender las demandas y preocupaciones de las comunidades dedicadas al oficio.
La Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP) ha llevado a cabo una serie de Mesas de Diálogo Popular en el departamento del Magdalena, con la participación de 440 pescadores y pescadoras, así como representantes de la acuicultura y otras entidades relacionadas, en donde buscaron trabajar en soluciones concretas para fortalecer este sector.
Karen Mejía Piñerez, directora de la AUNAP, destacó la importancia de estos diálogos territoriales para comprender la realidad pesquera y tomar medidas efectivas que beneficien a las regiones. Durante las sesiones, participaron diversas entidades, incluidas instituciones del gobierno, organismos de financiamiento agrícola, entidades de investigación marina y otras dependencias públicas.
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Se establecieron compromisos concretos, entre ellos la formulación de una política pesquera localizada para la región, la realización de procesos de formalización mediante carnetización de pescadores y pescadoras, la apertura de una oficina satélite de la AUNAP en Ciénaga para facilitar trámites, y el apoyo a proyectos alternativos de cultivo como complemento a la pesca.
Además, se acordó una mayor coordinación entre instituciones para fortalecer el control y vigilancia de la actividad pesquera, así como la firma de pactos de gobernanza en los municipios para priorizar el desarrollo del sector. Se establecerán mesas de diálogo continuas para dar seguimiento a estos compromisos.
Para los representantes de las comunidades pesqueras, como Jesús López y Luis Orozco, estos encuentros representan una oportunidad significativa para mejorar las condiciones y el desarrollo del sector pesquero en sus regiones.
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En el departamento del Magdalena, más de 11 mil pescadores y pescadoras y 89 acuicultores formalizados se han beneficiado de programas y proyectos implementados desde 2023, con una inversión que supera los $822 millones, impactando a 24 asociaciones y 1.971 familias pesqueras. Este esfuerzo busca mejorar la seguridad alimentaria y dinamizar la economía de las comunidades vinculadas a la pesca y la acuicultura en la región.
