El concejal de Neiva, Johan Steed Ortiz, ha lanzado una fuerte denuncia sobre las presuntas irregularidades en el proceso de adjudicación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en la ciudad. Según Ortiz, el contrato de $18.506 millones, destinado a garantizar la alimentación de miles de estudiantes, estaría siendo direccionado en favor de empresas vinculadas con Francisco Javier Sandoval, alias «Morrongo», un empresario asesinado el año pasado con presuntos lazos con el paramilitarismo.
DIARIO DEL HUILA, PRIMER PLANO
Desde hace algunos meses, la comunidad de Neiva ha estado al tanto de las preocupantes demoras en el Programa de Alimentación Escolar (PAE), que debe garantizar la nutrición de miles de estudiantes de la ciudad. El Concejo Municipal aprobó las vigencias futuras al alcalde Germán Casagua con el propósito de asegurar que los recursos para la alimentación escolar estuvieran disponibles desde el inicio del calendario académico. Sin embargo, hoy, varios meses después, los estudiantes siguen sin recibir el servicio prometido.
Lo que inicialmente parecía un retraso atribuible a la falta de planificación y de una ejecución eficiente del proceso, ha derivado en una serie de denuncias y sospechas sobre posibles irregularidades en el manejo de este proceso. El concejal Johan Steed Ortiz, en entrevista con Diario del Huila, denunció una serie de irregularidades en la adjudicación del contrato del PAE que podrían poner en riesgo la calidad del servicio que se brinda a los estudiantes y, más grave aún, los recursos públicos involucrados en el proceso.
La falta de planeación y las demoras
El concejal Ortiz ha manifestado su preocupación por la falta de acción en relación con la adjudicación del contrato del PAE, que debió haber estado listo para comenzar a ofrecer la alimentación escolar desde el primer día del calendario académico. A pesar de que el Concejo de Neiva aprobó las vigencias futuras para garantizar la ejecución de este programa, a la fecha, los estudiantes aún no cuentan con el servicio. La situación genera incertidumbre en los padres de familia, quienes ven cómo el atraso afecta el bienestar de sus hijos y su desempeño escolar.
Ortiz cuestiona directamente al alcalde Casagua por la falta de gestión en un tema tan importante y esencial para la población infantil de la ciudad. Según el concejal, la falta de planificación ha sido uno de los principales factores que ha retrasado el inicio de las entregas, lo que pone en evidencia una evidente improvisación en la contratación y el manejo del proceso.
El posible direccionamiento del contrato
Uno de los aspectos más graves que denuncia el concejal Ortiz son las presuntas irregularidades en el proceso de adjudicación del contrato de alimentación escolar. Según sus denuncias, este contrato, que tiene un valor de $18.506 millones y cubre 119 días del calendario escolar, no fue adjudicado mediante un proceso de licitación pública como corresponde, sino a través de la Bolsa Mercantil, un mecanismo que, según el concejal, permite evadir la rigurosidad de la Ley 80 de contratación pública, y que a su vez facilita la adjudicación de contratos de manera menos transparente.
Este mecanismo de adjudicación ha sido criticado en varias ocasiones por facilitar posibles favoritismos y direccionamientos, ya que no exige la misma transparencia y competencia que una licitación pública tradicional. Para el concejal Ortiz, el uso de la Bolsa Mercantil podría haber sido una estrategia para favorecer a ciertas empresas vinculadas a intereses políticos y económicos que no necesariamente cuentan con la capacidad para ofrecer un buen servicio en el marco del PAE.
Empresas con vínculos sospechosos
Otro de los puntos críticos que ha levantado el concejal Ortiz es la relación entre las empresas adjudicatarias del contrato y Francisco Javier Sandoval, alias «Morrongo», un empresario asesinado el año pasado con presuntos vínculos con el paramilitarismo y el narcotráfico. Según Ortiz, tanto la empresa Ardiko como la Fundación Horus Vita, las cuales lograron cumplir con los requisitos del pliego de condiciones, tienen una estrecha relación con «Morrongo», lo que genera serias dudas sobre la transparencia del proceso y el origen de los recursos destinados a la alimentación escolar.
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«Estas empresas son las únicas que cumplen con los requisitos establecidos en los pliegos, lo que genera la sospecha de un posible direccionamiento del contrato. La relación de estas compañías con ‘Morrongo’ y las denuncias que lo vinculan con el paramilitarismo hacen aún más alarmante la situación», afirmó Ortiz.
La Fundación Horus Vita, de hecho, recientemente ganó el contrato del PAE en Pitalito, un proceso también rodeado de serias controversias, lo que ha incrementado las alertas sobre la integridad de estos contratos en el departamento.
Pliego de condiciones restrictivo
El concejal Ortiz también destacó que los pliegos de condiciones del contrato presentan varios requisitos que parecen diseñados específicamente para favorecer a ciertas empresas. Por ejemplo, se exige que las empresas oferentes presenten 19 códigos UNSPSC (Sistema de Clasificación y Codificación de Productos y Servicios) que, según el concejal, no guardan relación con el objeto del contrato, es decir, la provisión de alimentación escolar. Este tipo de requisitos, según Ortiz, limita la competencia e impide la participación de otras empresas locales o regionales que podrían ofrecer un mejor servicio y asegurar una mayor calidad en la alimentación escolar.
Además, el contrato exige que las empresas presenten una experiencia mínima en proyectos relacionados con el PAE, con un presupuesto total igual o superior a los $18.506 millones que se destinarán al programa. Este requisito, según el concejal, es otro de los aspectos que hace sospechoso el proceso, ya que solo las empresas vinculadas a «Morrongo» cumplen con estos requisitos tan específicos y restrictivos.
Llamado a los entes de control
Ante estas denuncias, el concejal Ortiz ha hecho un llamado urgente a los entes de control del país, como la Personería Municipal, la Procuraduría y la Contraloría General de la República, para que intervengan en este proceso y garanticen que el contrato sea adjudicado de manera transparente y en beneficio de los estudiantes de Neiva.
Ortiz subraya la importancia de que los entes de control emitan una acción preventiva para suspender el proceso hasta que se clarifiquen todas las dudas en torno a las irregularidades señaladas. «Lo que estamos pidiendo es que se garantice que los recursos públicos destinados a la alimentación escolar no sean desviados y que los estudiantes reciban un servicio adecuado, que cumpla con todos los estándares de calidad», afirmó el concejal.
Las características técnicas.
Un riesgo para los recursos públicos y la calidad del servicio
La denuncia hecha por el concejal Ortiz no solo pone en evidencia las posibles irregularidades en el proceso de adjudicación del contrato, sino que también pone en riesgo la calidad del servicio de alimentación escolar que se prestará a los estudiantes de Neiva. Según Ortiz, la relación de las empresas involucradas con «Morrongo» y los antecedentes de los contratos que estas empresas han manejado en otras ciudades, como Pitalito, generan serias dudas sobre si se está garantizando la calidad en los alimentos que se entregarán a los niños y niñas.
El concejal también recordó el escándalo ocurrido en el municipio de Charco, Nariño, donde se entregaron mercados de mala calidad a los estudiantes, una situación que fue criticada por el actual alcalde de Neiva, Germán Casagua, en su momento. Ortiz teme que, si el proceso de contratación del PAE no es revisado adecuadamente, Neiva podría enfrentar un problema similar.
El caso del PAE en Neiva es un claro ejemplo de cómo la falta de transparencia, la improvisación y la falta de control en los procesos de contratación pública pueden poner en riesgo el bienestar de los estudiantes y la adecuada utilización de los recursos públicos. El concejal Johan Steed Ortiz ha denunciado con firmeza lo que considera un proceso irregular, en el que las empresas vinculadas a intereses políticos y económicos podrían estar favorecidas, lo que afecta directamente la calidad de la alimentación escolar y el uso de los recursos destinados para este fin.
Es imperativo que los entes de control actúen con rapidez para garantizar que el proceso de adjudicación del PAE se realice de manera transparente y que los recursos públicos se utilicen adecuadamente. Mientras tanto, los estudiantes de Neiva siguen esperando la alimentación que se les prometió, y el futuro de su nutrición escolar está en juego.
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