Este jueves 29 de abril, el gobernador (E) del departamento de Boyacá, Juan Carlos Alfonso, y el secretario de salud departamental Jairo Mauricio Santoyo, confirmaron que el Ministerio del Interior autorizó decretar el confinamiento estricto en todos los 123 municipios del departamento de Boyacá, un Toque de queda continuo que comienza a las 8pm del viernes 30 de abril, y finaliza a las 5am del lunes 3 de mayo.
La emergencia sanitaria causada por el acelerado aumento de contagios, obligó a la Gobernación de Boyacá, a través de la Secretaría de Salud, a declarar la Alerta Roja Hospitalaria y a fortalecer las medidas para impedir el colapso del sistema de salud.
Al mismo tiempo se estableció el pico y cédula departamental, a partir de este jueves 29 de abril y hasta las 11:59 de la noche del viernes 7 de mayo para el ingreso a establecimientos donde se realizan actividades como, por ejemplo, la adquisición y pago de bienes y servicios, compra de cualquier producto al detal y al por mayor; servicios bancarios, financieros y notariales; atención al ciudadano en entidades públicas y prestación de cualquier otro tipo de servicios, excepto los de salud, farmacia y servicios funerarios.
Así las cosas, en los días pares podrán acceder a estos servicios y establecimientos las personas cuya cédula termine en número par, mientras que los días impares podrán ingresar los ciudadanos cuyo documento de identidad culmine en impar.
“Solo se permitirá la circulación de una sola persona por núcleo familiar para la adquisición de bienes y servicios”, señala el documento.
De igual manera, queda en firme la Ley Seca, pues se restringe el expendio y consumo de bebidas embriagantes y alcohólicas en sitios públicos o abiertos al público desde las 8:00 p.m. y hasta las 5:00 de la mañana del día siguiente, entre el viernes 30 de abril hasta el lunes 3 de mayo. Sin embargo, se autoriza la venta de bebidas embriagantes y alcohólicas por domicilio.
Igualmente, el decreto dispone que durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria, todas las entidades del sector público y privado deberán dar continuidad a los mecanismos para que sus empleados o contratistas, cuya presencia no sea indispensable en la sede de trabajo, desarrollen las funciones y obligaciones bajo la modalidad de teletrabajo.
