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En su visita a Ibagué el director del INPEC, Mariano Botero, aseguró que con la Alcaldía de Ibagué solo existe una carta de intención más no un convenio para la atención de los sindicados que se encuentran en la Permanente Central.
Botero se refirió a la situación que enfrenta la ciudad por una acción de tutela que le ordena remodelar la el centro de reclusión transitorio para proteger los derechos de los denominados sindicados.
“A qué se haga realidad todavía falta, le explique al secretario de Gobierno, nosotros estamos llenos de intenciones, pero le expliqué, si no se hace efectivo vamos a salir lesionados tanto él como nosotros, porque nosotros acaecemos de elementos que son vitales para el servicio penitenciario”, indicó Botero.
Hace unas semanas el secretario de Gobierno, Óscar Berbeo, manifestó que había un acuerdo de voluntades que permitirían el traslado a la cárcel de Picaleña de más de 300 personas que se encuentran en este lugar, situación que según el general Botero solo es una carta de intención y nada más.
“Es diferente el proceso de conducta de un condenado a un sindicado, el sindicado cuando llega debe someterse a un periodo de espera para verificar si tiene COVID para evitar un contagio masivo, posteriormente se estudia su comportamiento para asignarlo a un patio”.
Además, reiteró que, sin recursos, es imposible hacer las adecuaciones y adelantar la atención de las personas que están en la permanente central.
La carta de intención se firmó por $2 mil millones, una persona le cuesta $21 millones el año su manutención al INPEC, si espera que se atiendan cerca de 300, se requerirán más de $6 mil millones.
