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Por segunda vez en menos de una semana, el alcalde de Montería, Carlos Ordosgoitia, es sancionado por la justicia al desacatar fallo de tutela que demuestran inoperancia de su cuerpo administrativo y jurídico a la hora de defenderlo a él y los intereses del ente territorial.
El Juzgado Sexto Administrativo Oral del circuito de Montería sancionó al alcalde con multa de veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de su cancelación, dineros que deberán ser consignados a favor del Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, conmutables por tres (3) meses de arresto. El fallo precisa que, para el pago de la multa se concede el término de un (1) mes a partir del día siguiente a la ejecutoria de esta providencia.
Todo ocurre porque su equipo de trabajo no fue capaz de responder en dos años la solicitud de los planos del antiguo centro comercial de la 41, un proyecto abandonado y hoy constituido en una mole de cemento que sirve de guarida para el consumo de droga y baño público para los habitantes de la calle.
En la decisión establecieron que una vez reanudadas las actividades judiciales que estuvieron suspendidas por causas de la pandemia de la Covid-19, comprobaron el incumplimiento por parte del ente territorial con “el levantamiento del predio de mayor extensión (…), así como de cada uno de los locales que pertenecen al mismo”.
En caso de no cumplirse con la orden impartida, la decisión será notificada al Departamento de Policía Córdoba, para que dé cumplimiento al arresto del alcalde Ordosgoitia.
Aunque el alcalde insiste en no compartir el fallo y señalar que no se le permitió defenderse, la sentencia da cuenta que la administración ha tenido dos años de un proceso en el que bastaba cumplir con la remisión de documentos y planos solicitados en la acción popular que protege derechos colectivos de los afectados.
Breve historia
Los propietarios de los locales comerciales que se construyeron en lo que se denominó Centro Comercial la 41, no pudieron utilizarlo, el negocio se convirtió en un elefante blanco y en ruinas quedó el ambicioso proyecto levantado en un lote que le vendió la Alcaldía de Luis Alfonso León Pereira (fallecido) a la sociedad Pedro Ojeda y Compañía Ltda en 1996.
Un año después, el Estado pasó a englobar la edificación, so pretexto, que dicho bien le pertenecía al municipio y que no podía ser vendido ni construido. Allí comienza la procesión con la cruz acuesta de los emprendedores que se ilusionaron con la compra de locales para montar ese centro comercial.
Más de la mitad de los locales comerciales estaban vendidos y el descalabro financiero, considerado por los afectados como una estafa, se postraba en una edificación en ruinas.
En el siguiente enlace puede conocer los detalles del documento sancionatorio que confirma el incumplimiento del municipio.
