Labores investigativas adelantadas por la Fiscalía en Putumayo permitieron la captura y posterior judicialización de un hombre de 26 años de edad quien, al parecer, estaría implicado en delitos sexuales contra dos menores: un niño de 7 años de edad, y una niña de 8.
De acuerdo a los elementos de prueba recaudados; durante el segundo semestre de 2014 y en varias oportunidades el implicado habría abusado sexualmente de sus dos primos.
Labores de policía judicial demuestran cómo las víctimas, al parecer, fueron sometidas por la fuerza por el presunto agresor quien, ante la posibilidad de ser delatado, intimidaba a los niños diciéndoles que serían abandonados por sus familias si se conocía lo que les había pasado.
También fue posible establecer que los abusos, presentados en repetidas oportunidades, se cumplían cuando los menores eran dejados al cuidado del implicado, pues el papá de las víctimas le pagaba a la madre de este para que los cuidara mientras él trabajaba.
La evidencia recaudada permitió que fiscal del caso imputara al implicado como presunto responsable de los delitos de acceso carnal violento y acto sexual violento agravados, en concurso homogéneo y sucesivo. El procesado negó su responsabilidad en los cargos imputados.
Los procedimientos de captura de esta persona fueron cumplidos por la Sijín de la Policía de Infancia y Adolescencia en Mocoa (Putumayo). Acogiendo la solicitud del ente acusador el juez de control de garantías que conoció el caso impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra el implicado.
La Fiscalía publica esta información por razones de interés general.
LMGM/MAGA/GRM
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
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