Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías de Montería (Córdoba) impuso medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de 7 presuntos integrantes de las subestructuras ‘Javier Yépez Cantero’ y ‘Zuley Guerra’, del ‘Clan del Golfo’, que estarían dedicadas a la extorsión.
Los afectados con la medida son: Carlos Andrés Mendoza Trujillo, alias Meme; Javier David Boada Pretel, alias Javier o Jota; Deimer Andrés Hernández Doria, alias Menor; Luis Sebastian Gómez Martínez, alias Zarco o Sebastián; Jonatan Javier Flórez Navarro, alias Rosember o Anderson; Eduardo Enrique Viloria Barrios, alias Eduardo y Rober Andrés Álvarez Hernández, alias Antoni o Carolina.
De acuerdo con la información obtenida por los investigadores, desde septiembre de 2020 los procesados al parecer serían los responsables de exigirle dinero a comerciantes y ciudadanos en Montería (Córdoba), y los límites del Río Sinú, a quienes amenazaban de muerte si no pagan las sumas exigidas.
Los pagos irían desde los $500.000 como cuota inicial y mensualidades entre los $100.000 y $2.000.000, dependiendo del negocio de las víctimas. Según el material probatorio recaudado, las ganacias obtenidas con estos ilícitos sumarían los $300’000.000 mensuales.
Durante los operativos de captura realizados por la Policía Nacional, se incautaron teléfonos celulares, dinero en efectivo, así como un cuaderno con información relacionada con los cobros extorsivos.
Los procesados no aceptaron los cargos imputados por los delitos de concierto para delinquir agravado y extorsión agravada.
La Fiscalía hace pública esta información por razones de interés general.
La Fiscalía General de la Nación habla con resultados.
NAMT/LHGM/MG
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
