Un fiscal especializado en la Seccional Atlántico judicializó a dos personas presuntamente implicadas en las extorsiones de las que eran víctimas los empleados de un establecimiento de comercio dedicado a los juegos de suerte y azar.
Se trata de Juan Eduardo Sarmiento Altamar y Luis Enrique Sandoval Salas quienes fueron capturados el pasado 9 de febrero cuando recibían un paquete en el que iba un millón de pesos, al parecer, producto de las exigencias económicas ilegales.
La investigación adelantada por la Fiscalía determinó que los procesados, al parecer, se hacían pasar como integrantes de la organización criminal Los Costeños. De esta manera, al parecer, buscaban causar temor en las personas a quienes les habrían advertido que de no acceder a sus pretensiones les impedirían continuar desempeñando sus actividades económicas en el sector de Simón Bolívar de Barranquilla.
Dichas intimidaciones, se precisó, eran realizadas a través de llamadas y mensajes; y habrían comenzado el pasado 4 de febrero.
La Fiscalía imputó a los procesados el delito de extorsión agravada, cargo que no aceptaron. Un juez con funciones de control de garantías dictó medida de aseguramiento intramural en contra de los dos investigados.
Estas acciones hacen parte del compromiso adquirido por la Fiscal General de la Nación (e), Martha Janeth Mancera, de contrarrestar los delitos que afectan la seguridad ciudadana.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
SKCR/MAGA/DA/ECHP/DSA
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
