Análisis: ¿cuánto representa el narcotráfico en la economía colombiana en el 2024?

Esta vez el hallazgo tuvo lugar en Santa Marta. Según lo explicó el propio director de la Policía Nacional, en la mañana del 26 de mayo una inspección que se le hizo a un cargamento de banano con destino a Alemania derivó en la incautación de 623 kilos de cocaína, valorados en 34 millones de dólares.

Anuncios similares han ocurrido con mucha frecuencia en lo que va de 2024. Según datos del Ministerio de Defensa, entre enero y abril se llegó a un nuevo máximo histórico en lo que a decomisos de cocaína se refiere: casi 293 toneladas, un 38 por ciento más que en el año precedente.

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A primera vista, los golpes contra los narcotraficantes podrían interpretarse como la confirmación de que Colombia no ha bajado la guardia contra este flagelo. Y aunque es verdad que las Fuerzas Armadas logran interceptar numerosos despachos a punta de labores de inteligencia y la efectividad de sus cuerpos especializados, también lo es que la oferta del llamado polvo blanco viene en aumento.

De hecho, quienes se dedican a seguirles la pista a las actividades ilegales señalan que los montos que mueve esa parte de la economía subterránea son más elevados que nunca. Aparte de lo que viene de la hoja de coca, aparece el oro, que ocupa el tercer renglón de las exportaciones en un país donde las empresas formales que se dedican a extraer el metal amarillo se cuentan con los dedos de una mano.

El asunto no es nuevo, pero la evidencia sugiere que el dolor de cabeza es mayor. La gran mayoría de la producción proviene de explotaciones a las que no resulta fácil seguirles la pista, pues van desde el minero tradicional que usa su batea en busca de unos pocos granos hasta el dueño de una draga que acaba con las cuencas fluviales y envenena el agua con mercurio, con el respaldo de un grupo armado.

En dicho panorama aparece ahora el tráfico de personas, por cuenta de los cientos de miles de individuos de más de 120 nacionalidades –como aparece en los registros oficiales– que llegan al territorio colombiano con el propósito de dirigirse al norte del hemisferio. En repetidas ocasiones, los migrantes irregulares han contado de la obligatoriedad de pagar para pasar por un punto determinado de la geografía o de comprar protección, destinando para ello parte de los ahorros atesorados con el fin de solventar la peligrosa travesía hacia Estados Unidos.

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Lo anterior se suma a otras expresiones delictivas concentradas en el mercado interno, como la extorsión, la distribución de estupefacientes o el conocido ‘gota a gota’. En más de un caso, una misma organización hace presencia en varias modalidades, como si se tratara de un conglomerado empresarial que opera distintas líneas de negocio.

Emporios criminales como el Clan del Golfo o el Tren de Aragua son apenas la punta del iceberg de un cúmulo de estructuras de diversos tamaños que corrompen, intimidan o extienden sus tentáculos hasta la política. Tampoco eso es reciente, pero la impresión de los expertos es que de un tiempo para acá el Estado viene perdiendo terreno en varios departamentos y seguirá haciéndolo en la medida en que las mafias obtengan más dinero por lo que hacen.

Cuando hace unos meses se supo que el precio de la hoja de coca se había desplomado en zonas como Norte de Santander, uno que otro observador dijo que quizás esa era la señal de que los días de la ‘mata que mata’ estaban contados. Pero la ilusión duró poco, pues nada hace pensar que las cosas hayan cambiado.

De hecho, si algo ha sucedido, es que la producción de cocaína en Colombia está disparada y que los precios de la droga en el ámbito internacional se mantienen. Tal como lo reportó en septiembre pasado la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, encargada de realizar el monitoreo de las zonas donde se cultiva la planta, en 2022 se pulverizaron las marcas previas.

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Así, el área sembrada subió hasta 230.000 hectáreas, ubicadas principalmente en la parte sur del litoral Pacífico, los departamentos de Putumayo y Caquetá, junto con la región del Catatumbo. Como consecuencia, la producción potencial de clorhidrato de cocaína llegó a 1.738 toneladas, seis veces más que en 2013.

Faltan todavía más de tres meses antes de que la ONU entregue el informe de 2023 y la perspectiva no es buena. Aunque quienes saben de este asunto dicen que las siembras se habrían mantenido en un nivel similar, la productividad es mucho mayor debido a que las plantaciones se han estabilizado, entre otras porque las labores de erradicación vienen en picada.

Mientras en 2020 se erradicaron 130.147 hectáreas de coca –según el Ministerio de Defensa–, en 2022 la cifra cayó a 68.893 hectáreas y a 20.325 el año pasado. A su vez, en los cuatro primeros meses de 2024, el área apenas llega a 1.069 hectáreas, un acumulado que a comienzos de esta década se alcanzaba en tres días.

Para Daniel Mejía, profesor de la Universidad de los Andes, el impacto de esa realidad es que el peso del narcotráfico en la economía colombiana supera ahora el equivalente del 4 por ciento, un máximo histórico. “En 2008 esa proporción equivalía a 2,3 por ciento del producto interno bruto (PIB) y cinco años después se llegó al punto más bajo, 1,2 por ciento, pero con un potencial de producción de al menos 1.150 toneladas de cocaína anuales, neto de incautaciones, las cuentas son muy distintas”, sostiene.

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Cómo entran esos recursos al país y de qué manera influyen sobre agregados como la tasa de cambio es algo que forma parte de un intenso debate entre los economistas. Más allá de que muchos piensen que el dólar está barato porque el narcotráfico está disparado, varios estudios indican que esa correlación no es clara. Para citar un episodio reciente, cuando el billete verde superó los 5.000 pesos a finales de 2022 las condiciones actuales ya estaban presentes.

Dicho eso, no hay duda de que en ciertas zonas del territorio este tipo de ‘bonanzas’ traen profundas alteraciones. Hace poco se conocieron los resultados preliminares de un completo estudio realizado por Manuel Fernández, Lucas Marín, Eduard Martínez y María Alejandra Vélez, de la Universidad de los Andes, junto con Paulo Morillo, de la Universidad del Tolima.

“Utilizando luces nocturnas como indicador de actividad económica, el trabajo encuentra que la expansión de cultivos aumentó el PIB en los municipios cocaleros hasta en más de 25 por ciento”, explica Marín. El problema es que a los pocos años del auge esas zonas vivieron “la crisis alimentaria y humanitaria más larga en décadas recientes”, agrega.

La conclusión de los expertos es clara. “La economía cocalera genera ingresos y liquidez, pero no necesariamente contribuye a resolver los problemas estructurales del desarrollo socioeconómico”, añade el académico.

Y los males no terminan ahí. Desde hace años es innegable el vínculo que existe entre la minería ilegal y el narcotráfico, tal como lo viene de reiterar en un evento Hakim Hassam de la embajada de Estados Unidos y lo muestra un mapa de Colombia en el cual están ubicados ambos azotes.

Que las cosas pueden estar empeorando es algo muy probable. Para comenzar, la cotización del oro en los mercados internacionales llegó a un nuevo récord en la tercera semana de mayo al acercarse a 2.450 dólares la onza de 31 gramos. Si bien el viernes tuvo lugar una corrección, el alza en el último año es del 19 por ciento.

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Por cuenta de eso, el aliciente para la extracción ilegal del metal es mucho mayor. Dado que es fácil de transportar y puede usarse como moneda de cambio para transacciones al margen de la ley, el atractivo para los grupos armados irregulares es enorme: protección a cambio de participación en el negocio.

Según el Dane, en 2023, las exportaciones de oro ascendieron a 3.406 millones de dólares, apenas superadas por las de petróleo y carbón. No obstante, de las 72 toneladas vendidas, al menos tres cuartas partes provienen de empresas informales, mientras aquellas que cumplen con las normas y no contaminan los ríos con mercurio están bajo asedio. Basta con registrar la situación en la zona de Buriticá, en Antioquia, donde los ataques contra la compañía china que explota la concesión no cesan.

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Además, la dimensión de las prácticas depredadoras es enorme. A finales de 2023 se presentó el más reciente informe sobre la explotación de oro de aluvión en el país, el cual mostró 69.123 hectáreas que entran en la categoría de explotación ilícita, el 73 por ciento del total.

Para Santiago Saavedra, de la Universidad del Rosario, hay dos factores que explican la situación. “El primero es la baja capacidad del Estado para hacer presencia en zonas apartadas del país y los bajos incentivos de las autoridades locales a la hora de controlar el problema; el segundo son las demoras y la burocracia que hacen difícil formalizar una mina ante el Gobierno Nacional”.

Como si eso no fuera suficiente, un sistema de monitoreo impulsado por este profesor muestra señales inquietantes. “Hemos tenido más alertas que en 2023”, sostiene.

Dado que Chocó y Antioquia son los departamentos con más presencia de explotaciones ilegales, que atraen a las organizaciones armadas, para los criminales resulta relativamente fácil sacar provecho de los extranjeros que pasan por el Urabá con destino a Panamá.

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Migración Colombia viene de indicar que el total de migrantes irregulares en tránsito llegó a 141.386 personas hasta el pasado 15 de abril. Al ritmo observado es muy posible que se supere el dato de 539.959 individuos registrado durante 2023.

Tal como lo señalan varias organizaciones no gubernamentales, la gran mayoría habrá pagado ‘peajes’ que comienzan en 70 dólares por viajero, una suma que puede superar los 500 para gozar de mayor protección en la ruta. Con qué tajada se quedan los grupos de delincuencia, es imposible saberlo, pero un funcionario internacional habló hace poco de 70 millones de dólares en el caso de uno de los carteles más notorios.

Esa nueva ‘línea’ de negocio, que durará hasta que el flujo empiece a disminuir, ya sea por cuenta de restricciones o alivios humanitarios, fortalece igualmente las prácticas extorsivas, que son otro pilar de la economía criminal en Colombia. Más allá de lo que dicen las estadísticas oficiales, quienes han investigado el asunto revelan el tamaño del problema.

Por ejemplo, el profesor Santiago Tobón, de Eafit, participó en un estudio que incluyó una encuesta aplicada en los municipios del Valle de Aburrá. Según los sondeos, 150.000 hogares y negocios pagan regularmente una suma al combo o la banda de turno, dato muy superior a las 900 denuncias registradas.

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“Estamos hablando de 600.000 millones de pesos al año”, anota el experto. “Y si a eso se le añade el valor del mercado al detal de estupefacientes, debemos agregar entre uno y dos billones más, tan solo en Medellín y su área de influencia”, sostiene.

Todo lo anterior debería servir de campanazo de alerta para las autoridades. El motivo es que las rentas provenientes de la ilegalidad son tan grandes que resulta fácil alimentar la espiral de violencia, mediante la compra de armas y la conformación de ejércitos privados. Esto para no hablar de lo poco atractivo que suena cualquier propuesta de paz si esta implica abandonar ingresos así de cuantiosos.

A pesar de lo difícil que es combatir a semejante enemigo, Colombia mostró en el pasado que puede doblegarlo, si hay liderazgo, voluntad y capacidad de sacrificio. No se trata tan solo de una Policía capaz, sino de una justicia que actúe y una ciudadanía que colabore con sus gobernantes, entre otras porque confía en ellos.

Sin embargo, esa tarea será cada vez más difícil, pues el tumor sigue creciendo. Lamentablemente, a pesar de lo que logran hacer unos cuantos alcaldes, nada hace pensar que aquello que debería ser una prioridad ocupa un alto lugar en la agenda pública. Por eso hay que lanzar la alarma, antes de que sea tarde.

RICARDO ÁVILA
En X: @ravilapinto